¡El Ingreso Mínimo Vital (IMV), esa promesa de «erradicar la pobreza extrema» lanzada en plena pandemia, se ha convertido en una pesadilla burocrática que ahoga a miles de familias vulnerables! Cinco años después de su aprobación, la Seguridad Social reclama devoluciones de ayudas percibidas por «cobros indebidos» –acumulando 74,61 millones de euros pendientes en 2023, un 93% más que el año anterior–, derivadas de un diseño legal que castiga cualquier mejora económica temporal con reintegros retroactivos, recargos del 20% y hasta embargos. ¡El Tribunal de Cuentas destapa 317.000 expedientes de reintegro en 2023-2024, mientras el IMV solo llega al 45% de los hogares elegibles y excluye a los más pobres por su complejidad! Expertos claman por una reforma urgente: «Es legal, pero lo más cruel que he visto; va contra la finalidad de la norma», denuncia Pepa Burriel, profesora de Derecho en la URV. En un país con 9 millones en riesgo de exclusión, esta «trampa» no es un error; es un sistema que convierte la ayuda en deuda perpetua, con responsabilidad solidaria que carga hasta a los menores cuando cumplen 18 años.
El núcleo del problema es un diseño que parte de la «pobreza permanente y estable», como ironizan desde la Asociación IMV Afectados: la prestación se calcula con rentas del año anterior, pero se revisa hasta cuatro años después con cruces de Hacienda. Cualquier ingreso puntual –un contrato temporal, una ayuda autonómica o un trabajo esporádico– genera «cobros indebidos» que hay que devolver íntegros, no solo el exceso. «Todo lo que hagas para salir adelante genera deuda», lamentan afectados, que reciben notificaciones de 10.000-40.000 euros con recargos cuando su situación sigue precaria. El Tribunal de Cuentas lo clava: retrasos de dos años en reclamaciones, solo 25% de recobro efectivo y compensaciones que reducen hasta el 70% de la prestación mensual para quienes siguen cobrando. «La norma no distingue entre quien pidió la ayuda y quien la recibió de oficio en pandemia», critica Burriel, señalando vulneraciones a la Carta Social Europea.
La responsabilidad solidaria es el clavo ardiente: la deuda recae en toda la unidad de convivencia, incluidos menores, que responden al cumplir 18 años aunque no consintieran ni supieran. «Estamos hablando de niños que no solicitaron nada y responden de una deuda por diseño defectuoso», denuncia Hontanares Arranz de ATD Cuarto Mundo. El Comité Europeo de Derechos Sociales ya admitió una reclamación colectiva contra España, que el Gobierno contesta con referencias vagas al «pilar social UE» sin mencionar la Carta vinculante. AIReF añade sal: el IMV reduce la probabilidad de trabajar en 3 puntos y días laborados en 0,6 al mes, desincentivando empleo.
El balance de 2025 es un fracaso rotundo: de los 850.000 hogares prometidos, solo 785.722 reciben la prestación, con 55% de elegibles sin solicitarla por complejidad. El coste anual ronda los 5.000 millones, pero el 93% de deudas pendientes crece sin control. Iglesias y Escrivá chocaron en su día –uno por ampliar sin filtros, otro por restringir contra fraudes–, pero el resultado es un IMV que «protege» mal y castiga peor.
Esta no es una ayuda; es una trampa que perpetúa la pobreza en vez de erradicarla. ¿Reforma urgente o prórroga del caos? En Agencia6, el pulso social late con esta «crueldad legal» que clama cambio: ¡del IMV a la deuda, la vulnerabilidad no merece castigo! ¿Te afecta? Comparte en comentarios y síguenos para el informe del Tribunal de Cuentas – porque una prestación no debería ser una condena.
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