Si viviésemos en un país serio, el presidente de Aragón ya hubiese dimitido. Fue Lambán quien llegó a decir cuando tuvo conocimiento de la interposición de la denuncia «que se pusieran los sanitarios a confeccionar mascarillas». Pidió perdón, pero ahora la sentencia contra la autonomía que él preside le invita a marcharse a su casa.
Por desgracia, España sigue siendo diferente, tal y como dijo Manuel Fraga en aquel slogan que nos hizo conocidos en el mundo, «Spain is different». Hasta para dimitir la casta política española sigue anclada en el Pleistoceno
Una juez de Teruel acaba de condenar a la Administración por vulnerar el derecho fundamental a la vida con su gestión de la crisis del coronavirus. Responsabiliza directamente a las autoridades de «pasividad», de conocer el riesgo desde enero y no haber actuado en consecuencia, y -con ello- de haber vulnerado el derecho a la vida que protege la Constitución.
Este fallo condena al Gobierno aragonés que preside Javier Lambán y a sus entes sociosanitarios: el Servicio Aragonés de Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), del que dependen las residencias de ancianos. La condena se limita a la Administración aragonesa porque era la única demandada en este proceso judicial, pero el fondo de la sentencia es más extenso y apunta directamente contra la gestión desarrollada por el Estado, con el Gobierno central al frente. En este fallo judicial se cita en varias ocasiones al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y se advierte que las autoridades españolas sabían de la gravedad del Covid-19 desde enero, pero no actuaron en consecuencia.
En esta extensa sentencia (128 folios), la juez ahonda con amplitud en la que considera que ha sido una gestión improcedente de la crisis sanitaria por parte de las autoridades españolas. Así queda de manifiesto en su pormenorizado relato de hechos probados y de sus implicaciones jurídicas.
