La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo ha anunciado este jueves la puesta en marcha de un plan de choque para los Juzgados de Familia de la provincia de Alicante que agilice la emisión de los informes psicosociales.
Esta prueba pericial tiene como objeto que, en algunos casos de separación, profesionales de Psicólogía y Trabajo Social examinen a progenitores y a los hijos e hijas y emitan un dictamen en el que recomiende que la custodia se atribuya a uno u a otro o, por el contrario, se establezca un sistema de custodia compartida. También puede recurrirse a ella en procesos de adopción o en casos de maltrato a menores.
La consellera se ha reunido este jueves con el decano y con jueces y juezas de Familia de Alicante para resolver el problema de la carga de trabajo que acumulan los gabinetes psicosociales de los juzgados alicantinos.
La provincia de Alicante cuenta con gabinetes psicosociales en los partidos judiciales de la capital, así como en Benidorm, Alcoi, Orihuela y Elche que soportan una gran carga de trabajo debido al alto número de solicitudes de estos informes que reciben por parte de los juzgados de Familia.
En el año 2019, estos cinco gabinetes recibieron un total de 416 solicitudes. El plazo medio para la resolución de estas valoraciones, debido a la complejidad de los casos, ronda los siete u ocho meses.
Para corregir esta situación, Bravo ha asegurado que se va a poner en marcha un plan de choque «para dar apoyo para los juzgados de familia en la provincia de Alicante y conseguir rebajar los tiempos a un término medio de entre uno y dos meses para la emisión de estos informes».
«Para ello, estamos trabajando tanto con el Colegio de Psicólogos como con el Colegio de Trabajadores Sociales porque a través de estos profesionales vamos a reforzar el trabajo que realizan nuestros gabinetes psicosociales en la provincia de Alicante», ha asegurado.
De esta forma, se van a firmar dos convenios con los colegios de Psicología y de Trabajo Social para que aporten profesionales de ambas disciplinas y que colaboren con los funcionarios de la Generalitat en la elaboración de estos informes.
Los honorarios de estos profesionales serán pagados por la Conselleria de Justicia que, además, asumirá su formación especializada porque, tal y como ha explicado Bravo, «estamos hablando de procedimientos que afectan a temas tan sensibles» como los que afectan a menores y a sus progenitores.
