El educador, que es ex marido de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, niega los hechos y argumenta que los niños en esas circunstancias tienden a tergiversar lo ocurrido. La menor asegura que tenía miedo de comunicar los abusos porque el acusado les decía que conocía a «gente muy influyente».
La Audiencia de Valencia ha juzgado esta mañana a un educador de un centro de menores de Valencia acusado de abusar de una niña de 14 años, de forma repetida, cuando dormía en una habitación individual, alejada del resto de menores acogidos.
Los hechos ocurrieron a finales de 2016 y principios de 2017 y, según el relato de la víctima, el acusado, que responde a las iniciales L. R. I., la abordó en diferentes ocasiones. No obstante, la víctima no ha llegado a precisar ni fechas ni el número de abusos que podrían haberse producido. Según ha sostenido durante su declaración, el procesado le hacía masajes en la cabeza y en las piernas y después salía del cuarto donde ella se acostaba. Minutos más tarde, cuando creía que estaba dormida, regresaba y se masturbaba con la mano de la adolescente, que entonces tenía 14 años, siempre según la versión de la menor.
La menor ha afirmado que no reaccionó al abuso porque entraba en estado de shock y que no denunció esta situación antes porque tenía miedo de que nadie la creyera. Posteriormente, uno de los policías que realizaron la intervención ha declarado que la menor le llegó a asegurar que tenía miedo de comunicar los abusos porque el acusado les decía que conocía «gente muy influyente». El acusado es ex marido de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, de quien dependen los centros de menores, aunque en el momento de la denuncia la pareja ya no mantenía ningún tipo relación sentimental. El educador comenzó a trabajar en 2010 y la vicepresidenta ha asegurado que se enteró de la denuncia en verano de 2017, tras un año de la ruptura con L.R.I. que ahora se sienta en el banquillo.
El acusado, por contra, ha negado los citados abusos sobre la menor, aunque ha admitido que le hizo un masaje en la cabeza porque estaba muy nerviosa. Ha realizado, además, un alegato final en el que ha sostenido que los niños en una situación como la de la víctima tienden a tergiversar los hechos y que las circunstancias se produjeron, a su juicio, en un lugar protegido, ya que las puertas estaban abiertas y comunicadas con la sala donde se encontraban el resto de menores acogidos.
Un compañero del procesado ha recordado que la menor solía dormir en un cuarto individual cuando llegaba fuera del horario establecido por el centro (de madrugada) y con síntomas de haber consumido sustancias estupefacientes. De hecho, se la apartaba para que no molestara al resto de compañeros.
Tras las declaraciones, la fiscal ha mantenido la petición de cinco años de prisión por un delito de abusos sexuales además de una indemnización de 6.000 euros para resarcir a la víctima por los perjuicios ocasionados. El ministerio público ha sostenido la acusación en el relato de hechos de la víctima, que ha considerado coherente y sin contradicciones, y en el informe de la psicóloga forense que concluye que su declaración es factible.
La defensa del procesado, mientras tanto, ha reclamado la libertad sin cargos al entender que el relato de los hechos facilitados sí ha entrado en contradicciones. El letrado ha indicado que sí se han producido alteraciones en los hechos denunciados por la víctima y que sólo durante su declaración en la sala ha asegurado que el acusado le cogía de la mano para masturbarse con ella mientras que en el resto de testimonios aludía a que le realizaba tocamientos.
Ha puesto de relieve también el testimonio de la educadora social que realizaba su seguimiento desde que el padre de la niña ingresó en prisión. Según esta trabajadora, la primera vez que tuvo conocimiento del presunto abuso fue cuando el padre del novio de la víctima habló con ella para que se quedara en su casa y evitar así cualquier situación de riesgo.
La educadora le pidió denunciar los hechos, aunque la víctima se negó. Posteriormente, cuando lo dejó con su novio, se presentó con un amigo del padre y volvió a relatar de nuevo los supuestos abusos. En este contexto, la educadora ha afirmado ante el tribunal que la víctima le aseguró que al denunciar estos hechos conseguía sentirse protegida, ya que lograba no regresar al centro de menores al que no quería volver.
El abogado defensor, además, ha insistido en que los hechos relatados se habrían producido durante un periodo en el que la víctima se fugaba con frecuencia del centro de menores y que sólo habría coincidido con el presunto agresor cinco días. La menor había pasado anteriormente por un centro de medidas judiciales al haber estado involucrada en algún acto delictivo.
Desde la Conselleria de Igualdad se ha aclarado que como asunto se judicializó desde el principio «la Fiscalía pidió que la menor fuera trasladada de centro». Por ello, «se procuró que a niña, en ese momento de 14 años, se alejara lo más posible de la presencia del educador que presuntamente había cometido los abusos».
Las mismas fuentes de Igualdad, han descrito que la empresa concesionaria del centro de acogida de menores ubicado en el barrio del Campanar «también apartó al trabajador acusado en cuanto recibió la notificación de la Fiscalía de Menores». En concreto, «al educador se le apartó de su trabajo durante varios meses mientras se inició una investigación interna» a raíz de la denuncia de la menor.
«Se aplicó el mismo protocolo que se utiliza para el resto de casos de abusos», según Igualdad desde donde se ha certificado que en todo momento «se aplicaron las medidas de seguridad para la menor» cuando se hizo público el caso de los presuntos abusos sexuales.
