El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos avanza hacia su conclusión en el Tribunal Supremo. Este martes se reanuda la sesión con la declaración de cinco testigos, entre ellos el decano del Colegio de Abogados de Madrid y el periodista que destapó el correo clave del caso. El acusado cerrará la ronda de testimonios el miércoles, dejando el procedimiento visto para sentencia tras tres de las seis sesiones previstas.
El proceso, iniciado el 3 de noviembre como el primero contra un fiscal general en activo, gira en torno a la supuesta filtración de un correo del 2 de febrero de 2024. En él, el abogado del empresario Alberto González Amador —pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso— proponía una conformidad penal admitiendo fraude a Hacienda. La mayoría de los cerca de veinte testigos ya interrogados, entre fiscales, políticos y periodistas, han respaldado la inocencia de García Ortiz.
En la jornada de hoy destaca la testifical de Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que ejerce acusación popular y pide cuatro años de cárcel, tres de inhabilitación y 81.000 euros de multa. Cuatro días tras la nota aclaratoria de la Fiscalía del 14 de marzo de 2024 —que respondía a informaciones atribuyendo la iniciativa al Ministerio Público—, Ribón anunció la denuncia por ruptura del secreto profesional, calificada como «gravedad sin precedentes» para el derecho de defensa.
Seis periodistas han declarado esta semana, con tres afirmando conocer el correo antes de su recepción por García Ortiz, lo que debilita la acusación de filtración el 13 de marzo. José Precedo, de eldiario.es, protagonizó un momento tenso al asegurar conocer la fuente real y declarar que el fiscal es «inocente», emocionándose hasta recibir una reprimenda del presidente del tribunal. Marcos Pinheiro (también eldiario.es) y Alfonso Pérez Medina (La Sexta) confirmaron que la información circulaba en redacciones previas a la fecha alegada.
El juicio llega a esta fase tras el polémico apoyo público del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresado días antes de la declaración de García Ortiz, lo que ha avivado críticas por posible injerencia política. El fiscal general enfrenta hasta seis años de prisión y 12 de inhabilitación si se prueba la revelación de secretos en el caso fiscal del novio de Ayuso.
