Alianza Cívica pone contra las cuerdas a la ruinosa política de España al proponer la Ley de Responsabilidades Políticas y Electorales

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Llevamos días de fuertes turbulencias políticas con la noticia interminable y prorrogada del “pacto” de quienes quieren repartirse desde el poder legislativo uno de los puntales del Estado de Derecho consagrado en la Constitución Española de 1978: el judicial.

España mira con esperanza y agrado a un nuevo partido emergente de la sociedad civil, nada pequeño por la calidad de su potencial humano, y muy valiente porque en apenas dos meses de vida, está poniendo contra las cuerdas a esa clase política tradicional que sólo sabe llegar a acuerdos y dialogar cuando se trata de repartirse “pasteles”.

Alianza Cívica nos ha sorprendido este sábado 27 de febrero de 2021 publicando los puntos programáticos más necesarios y esperados por la inmensa mayoría de los españoles: la Ley de Responsabilidades Políticas y Electorales.

Hablamos de dotar de libertad al voto que cada español deposite en una urna cuando así se le requiera por parte de sus representantes, un voto con un “ADN” que acabaría por primera vez con la irresponsable forma de gobernar donde todos, o casi todos, terminan “yéndose de rositas”, con prebendas en unos casos, y fortunas en otros difícilmente justificables, sin posibilidad de exigir cuentas a unos políticos que, además, suelen actuar con arrogancia, prepotencia y desprecio al ciudadano que le puso en el cargo y depositó erróneamente su confianza.

Esta Ley de Responsabilidades Políticas que Alianza Cívica quiere y propone compartir con todos los españoles, cuenta con una interesante y viable ejecución presupuestaria y jurídica en todo momento y para todas las provincias y regiones de España.

La Ley de Responsabilidades Políticas y Electorales provocará, una vez recoja el apoyo del pueblo en las urnas, que nuestra democracia será
solidificada de un modo comparable al resto de propuestas de reformas
electorales, políticas, autonómicas y del Consejo General del Poder Judicial, recogidas en la sección de compromisos de Regeneración Democrática, en la primera de sus ocho secciones de compromisos programáticos, tal y como adjuntamos íntegramente en este texto.

Estamos ante una propuestas inédita e histórica. Merece la pena leerlos e imaginar la cara de los que habitan hoy en los escaños del Congreso y Senado, así como resto de Parlamentos, Diputaciones, Ayuntamientos y otros organismos públicos.

Alianza Cívica España quiere enfrentarse al actual poder, el mismo que está demostrando no ser ni útil ni responsable en unos tiempos donde se requiere a los mejores al frente del timón. Y Alicanza Cívica lo quiere hacer con hombres y mujeres provenientes de la sociedad civil, con técnicos, y con personalidades que desde el estrellato o anonimato han demostrado ser válidas y enriquecedoras para el conjunto de los españoles, que es de lo que se trata, escuchando su voz y respetando el sabio consejo de la gente común, la que antepone siempre lo mejor por encima de ideologías que ya estamos viendo que no conducen a ninguna parte buena.

Soy consciente de la gran sorpresa que va a suponer conocer el equipo “galáctico” que Alianza Cívica presentará en breve con su presidenta y junta directiva. Nombres de personas que admiramos junto a gente humilde y sencilla que sólo buscan lo mejor para España, lejos de la desastrosa forma de gestionar nuestro país en las últimas décadas.

Los hombres y mujeres que componen Alianza Cívica saben que se van camino de emular la cita bíblica de David contra Goliat, pero saben, sin margen de error, que la partida está ganada porque España no quiere seguir gobernada por sus actuales dirigentes, unos dirigentes de quienes todos sabemos las tretas que urdieron para alcanzar sus poltronas, basadas especialmente en la mentira y la traición a los españoles, y eso es lo que Alianza Cívica quiere erradicar de cuajo con esta Ley de Responsabilidades Políticas y Electorales.

Agencia6 ha tenido acceso al documento que consideramos vital en estos momentos para España, y lo reproducimos en su integridad. En él vemos con admiración los pasos que los españoles exigimos a gritos en las redes sociales y en nuestro devenir diario para lograr una regeneración democrática, económica, y social de nuestra querida “piel de toro

COMPROMISOS DE REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA a propuesta de ALIANZA CÍVICA ESPAÑA


1- Ley de Responsabilidad Política y Electoral. Promoveremos una Ley de Responsabilidad Política y Electoral que incluya los
siguientes puntos:

  • Reforma del Código Penal que aumente las penas de corrupción y que aumente la pena accesoria de inhabilitación a 20 años.
  • Inclusión de obligatorios de cumplimiento mínimo del programa que gestionará, vigilará y hará pública una sección específica e imparcial: la Comisión de Compromisos, conformada por: integrantes de la Junta Electoral Central, una representación del Colegio Notarial y 53 ciudadanos con voto elegidos aleatoriamente por el censo de cada provincia.
  • Inhabilitación y prohibición de Pactos de conformación de Gobierno que no se hayan presentado en campaña electoral o consultado posteriormente a la ciudadanía competente en cada elección.
  • Inclusión de los delitos electorales que establece la LOREG en el código penal.
  • Tipificación del delito de Estafa Electoral, que establecerá penas privativas de libertad a aquellos representantes públicos, políticos en campaña o responsables de la misma que con intención mientan en campaña o no cumplan los compromisos mínimos que adquieran que establecerá la Ley de Responsabilidad Política y Electoral y que adquieran con el depósito del programa en la Comisión de Programas establecido en el punto anterior.
  • Punto de incompatibilidad de altos cargos gubernativos nacionales,
    autonómicos o provinciales en la Empresa Privada que trabaje aspectos regulados que hayan sido objeto de : reformas legislativas, normas ejecutivas, concesiones públicas, contratos públicos, licitaciones o cualesquiera que produzcan beneficio en la empresas en concreto. Duración de 5 años de incompatibilidad en puestos autonómicos y 10 en puestos estatales. El incumplimiento de la misma estará penado con la tipificación del delito de Incompatibilidad pública y representativa que se incluirá en el Código Penal.
  • Aumento de las penas privativas de libertad y su sanción a aquellos
    funcionarios o representantes políticos que incumplan los delitos electorales que establece la LOREG.
  • Gestión externa, auditada y más cómoda para el ciudadano del voto por correo.
  • Obligatoriedad de que los responsables máximos de la gestión del voto por correo sean nombrados por concurso oposición y en los que concurran las máximas consideraciones de honorabilidad y falta de adhesión a un partido político.
  • Obligatoriedad de grabación de control de cada mesa electoral desde apertura de mesa hasta entrega de actas, junto a las que se entregarán.
  • Grabación y control del proceso de recepción, traslado y entrega del voto por correo.
  • Obligatoriedad de suscripción de todo cargo público de un Seguro de
    Responsabilidad Civil Subsidiaria que cubra el coste de las gestiones que incurriera en su mandato de irregularidades, LOS CIUDADANOS NOPODEMOS SEGUIR PAGANDO LOS DESMANES POLÍTICOS. Dicho seguronunca será abonado con cargo al Erario público.
  • Reducción de los aforamientos al mínimo posible en aras de recuperar la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
  • 2- Reforma de la Ley de Financiación de Partidos.
  • Supresión de las subvenciones públicas a partidos políticos.
  • Las donaciones privadas deberán ser públicas y de igual modo el control y fiscalización de las mismas debe aumentar.
  • Imposibilidad de donación de cargos públicos de parte de su salario o diversas retribuciones al partido político y grupos parlamentarios, municipales o autonómicos. Estas deberán ser siempre a causas sociales apartidistas y finalistas, nunca a partidos políticos ni medios, ni fundaciones ni entidades análogas. De igual modo deberán realizarse con la confidencialidad debida y con control externo para que no se pueda incurrir en la subvención de entidades afines. El 50% de las donaciones de los mismos deberá ser a las arcas del
    estado.
  • Inclusión de la obligación de retorno del remanente de las asignaciones para funcionamiento de grupos parlamentarios o municipales a la convocatoria de las elecciones en un plazo de 15 días hábiles tras la misma.
  • 3- Reforma de la Ley de Partidos Políticos
  • Prohibición de crear o entrar en la gestión, control o diversificación en/de fundaciones afines o propias, think tanks, medios informativos, educativos o formadores.
  • Eliminación de las juventudes de los partidos políticos que deberán quedar íntegradas desde los 18 años de edad en el partido político.
  • Obligatoriedad de información y control de gestión anual de la Comisión de Programa.
  • Obligatoriedad de Seguro de Responsabilidad Civil Subsidiaria que cubra los problemas causados a la ciudadanía en los mandatos de sus cargos electos. (Por ejemplo: caso ERE Andalucía o caja B PP, o financiación irregular en investigación de Podemos).
  • Limitación de mandatos a ocho años.
  • Revisión de la Ley de Partidos políticos en relación a los partidos que amparan,alentan o defienden a quienes ejercen la violencia en cualesquiera de sus formas o posicionamientos.
  • 4- Reformas del Consejo General del Poder Judicial, del concurso oposición a magistratura judicatura, de la Escuela Judicial, de la Fiscalía General del Estado y de Justicia
  • Las elecciones de los miembros del Consejo General del Poder Judicial se realizarán cada 4 (cuatro) años, a la vez que las elecciones generales para ahorro de costes y serán elegibles aquellos miembros que lleven 15 años de ejercicio de magistratura activa, concurriendo condiciones de honorabilidad y que no sean simpatizantes de partidos políticos. De igual modo no deberán estar asociados a las asociaciones de jueces y fiscales, podrán presentarse libremente los asociados y los que no lo están.
  • La fiscalía general del estado será elegible por los ciudadanos en las mismas condiciones que el CGPJ.
  • El concurso-oposición a magistratura o fiscalía deberá contar con dos años acreditados de ejercicio activo de la abogacía previos a presentarse.
  • Aquel juez/magistrado o fiscal que entre a un cargo público perderá su plaza y deberá solicitar la misma o análoga nuevamente dejando un periodo de 2 años desde su último cargo público previo a poder concurrir de nuevo a la solicitud de plaza.
  • Auditoría extensa e intensiva de las relaciones entre asociaciones de jueces y fiscales con los partidos políticos, instituciones y cargos públicos.
  • Las plazas de los responsables de relaciones internacionales e institucionales del CGPJ y de la Escuela Judicial deberán ser elegidas por votación entre los jueces en activo.
  • La Escuela Judicial Española no podrá fomentar, recibir, organizar o hacer uso alguno de las instalaciones, datos, recursos de la misma para eventos o cualquier circunstancia de las asociaciones de jueces o fiscales. De igual modo los profesores, encargados o trabajadores de la misma no podrán bajo ninguna circunstancia estar asociados, en aras de no influir en el alumnado que está llamado a regenerar la justicia en nuestro país.
  • Ampliación de las sanciones a jueces y fiscales que no lleven al día los asuntos.
  • Creación de un órgano externo de recepción y gestión de quejas del
    ciudadano, abogado o actor del proceso judicial independiente al Consejo General del Poder Judicial.
  • Obligatoriedad de respeto, escucha y trabajo informado de jueces y fiscales frente a abogados y ciudadanos inmersos en procesos judiciales. Reforma que inhabilite a los que cometan 3 infracciones de la misma en un mismo año.
  • Reforma y ampliación de la LOPJ.
  • Aumento de la retribución al turno de oficio aportada por las comunidades.
  • Regulación y mejora de las diligencias informativas y del régimen sancionador en el marco de la reforma de la LOPJ.
  • Reforma y ampliación de funciones y derechos de los procuradores.
  • Digitalización coherente de la justicia.
  • Simplificación de burocracia y lenguaje jurídico en la misma para mejor entendimiento de los ciudadanos.
  • 5- Reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General
  • Igualdad de valor de voto: una persona un voto.
  • Modificación de la jurisdicción uniprovincial.
  • Listas abiertas.
  • Pacto Nacional para que gobierne la lista más votada en caso de que no hubiesen cubierto los pactos en el programa o consultado del modo que establecerá la Ley de Responsabilidades Políticas y Pactos Electorales.
  • Preparación y puesta en marcha del sistema de voto digital con todas las medidas de seguridad para que se pueda consultar a menudo a la ciudadanía.
  • 6- Ley de Referéndum vinculante habitual para cuestiones de especial trascendencia.
  • 7- Supresión del Senado
  • Sustitución del Senado por un Consejo de Estado Territorial con un
    representante de cada parlamento autonómico, que asumirá el coste de gastos de su representante sin que la pertenencia a este órgano suponga un incremento salarial.
  • 8- Reforma del Congreso
  • Reforma íntegra del Régimen Económico del Congreso. Supresión de dietas.
  • Reducción al 50% de las retribuciones extras por pertenecer a una comisión y de los gastos de representación.
  • Eliminación de los gastos de libre disposición.
  • Implantación de sistema de control de asistencia y modificación íntegra del Reglamento del Congreso para la protección del ciudadano.
  • 9-Reforma Constitucional y de la Ley Orgánica 3/1984 de 26 de Marzo reguladora de la iniciativa legislativa popular.
    Toda iniciativa legislativa popular deberá ser tramitada en las Cortes, ampliando por tanto a aquellas que traten competencias de Leyes Orgánicas. Para ello por operatividad se aumentará el número de firmas necesarias.
    10- Reforma Constitucional que soporte las mejoras estructurales que necesita nuestro país para avanzar a una democracia más real que formal.
    11- Reforma y mejora del modelo autonómico:
  • Reubicar las competencias de Sanidad nacionalmente.
  • Reubicar las competencias de Educación nacionalmente atendiendo a la historia y peculiaridades de cada territorio, siempre dentro del respeto a la nación española.
  • Reubicación de los competencias de Asuntos Sociales nacionalmente.
  • Reubicar las competencias de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad nacionalmente.
  • Reforma Fiscal y financiera del modelo autonómico encaminada a la igualdad de impuestos que afectan a las personas más directamente como la supresión nacional del impuesto de sucesiones.
  • Promulgación de consulta a nivel nacional sobre Cataluña en la que todos los españoles voten sobre lo que quieren para nuestro país. España es de todos los españoles, no sólo de algunos.
    12- Creación de Partida de Inversiones en Infraestructuras con el objetivo de ahorro y nivelación de los niveles de renta en las diferentes comunidades autónomas.
    13- Revisión y eliminación de las duplcidades administrativas y de
    gobernanza que generan costes extra a los ciudadanos sin valor añadido.

    14- Promulgación de una Ley General de Prensa y Medios de Comunicación públicos que eviten el uso partidista de las mismas por parte del Gobierno central o autonómico, con especial hincapié en las televisiones públicas, sus costes y sus contrataciones.
    15- Reforma Constitucional de la Corona en fases.
    Primera fase:
  • Modificación del artículo 57.
  • Financiación exclusiva de sus partidas sin acceso a inserción de gastos en otras partidas de los presupuestos generales del Estado.
  • Modificación de acceso a la jefatura del estado mediante referéndum en caso de vacante del mismo.
  • Auditoría, publicación y control exhaustivo de cuentas, prebendas y redes clientelares.
  • Eliminación del refrendo.
  • Consulta popular no vinculante sobre el deseo de los españoles de someter la forma de la Jefatura del Estado a un referéndum vinculante.
    Segunda fase ( a realizar en caso de mayoría de población favorable a que se someta a referéndum como establece la primera fase)
  • Referéndum Nacional Vinculante sobre el tipo de jefatura del estado que desean los ciudadanos que mantienen este país.
  • Si la opción decidida es la Monarquía, deberá someterse a referéndum en el caso de vacante por fallecimiento, relevo generacional o abdicación en el plazo de 3 meses desde los hechos que constituyen la vacante de la Jefatura del Estado. De igual modo se deberá oír a la ciudadanía sobre si sentir al respecto.
  • Si la opción decidida es, por el contrario, una república, el sistema de elección será el de elección preferente, que permita ahorro de costes e igualdad de oportunidades en la pluralidad política de representación máxima del Estado.
    Nota: Para Alianza Cívica la democracia abarca más que la Jefatura del Estado: cuestiones de transparencia, buen gobierno, elecciones claras, separación de poderes y regeneración de la clase política junto con la atención a las necesidades básicas de la ciudadanía y el emprendimiento son urgentes.
    16- Promulgación de Ley de Pactos Nacionales
    Promulgaremos una ley de pactos nacionales que obligue a los partidos políticos firmantes a ser responsables de su firma y adherirse al contenido de las mismas durante dos legislaturas.
    17- Dignificación de nuestra representatividad en política exterior.
  • Profesionalización de los altos puestos de la carrera diplomática.
  • Incompatibilidad de cargos políticos en el acceso a la carrera diplomática por vía de nombramientos.
  • Mayor transparencia.
  • Modelos informativos que hagan conocer a los otros países lo mejor de
    España

Este documento publicado en Agencia6 está registrado en el Registro de la Propiedad Intelectual y cuenta con la correspondiente autorización de la presidencia de Alianza Cívica.

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