¿Audiencia Pública?. Opinión de J. Antonio Corachán

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Hay que reconocer que Benidorm es diferente, no por ser una Smart City con Destino Turístico Inteligente o por estar enclavada a orillas del Mediterráneo… he descubierto que a pesar de formar parte integrante de la Comunidad Valenciana y por tanto estar sujeta a las leyes del Estado Español, éstas se cumplen si estan de acuerdo con los “caprichos” inducidos a una funcionaria de la Administración de Justicia.

La mañana del jueves día 30 de julio de 2020 a las 11:40 horas la funcionaria encargada de dar entrada a la Sala n.º 2 del Palacio de Justicia de Benidorm donde se iba a celebrar un juicio oral que nada tenía que ver con víctimas menores de edad o de la violencia de género, la alteración del orden público ni tan siquiera la seguridad del Estado, me ha negado el acceso aduciendo dos razones: Por ser parte de la prensa necesitaba una autorización especial ¡! y porque las plazas estaban ocupadas ¿? (entre abogados, procuradores, denunciantes y denunciadas no alcanzaban las 12 personas con una sala de 26 plazas de aforo).

No es menos cierto que previamente (11:15 horas) en el exterior del Palacio de Justicia al tratar de hacer unas fotos, el abogado de las denunciadas se ha dirigido al Guardia Civil de la entrada para que impidiera hacer fotos.

Sigue siendo cierto que posteriormente (11:35 horas) ante la puerta de de la sala n.º 2 el mismo abogado se ha dirigido a la funcionaria responsable del acceso señalándome no se con que objeto.

Por último sigue siendo cierto que no he tenido la posibilidad de estar presente en el juicio oral, o lo que es lo mismo mis derechos constitucionales han sido “pateados” por una funcionaria de la Administración de Justicia. Lo dicho, Benidorm una vez mas es diferente hasta en la Justicia.

No importa lo legislado sobre las actuaciones judiciales, oralidad y publicidad en el Artº. 229.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial.

No importa que el Artº. 9.1 de nuestra Carta Magna prescriba que tanto los ciudadanos como los poderes públicos estan sujeto a la Constitución.

No importa que el Artº. 186 de la citada ley Orgánica ordene que Los Juzgados y Tribunales celebrarán audiencia pública todos los días hábiles para la práctica de pruebas, las vistas de los pleitos y causas.

No importa que con fecha 10 de octubrte de 1979 se ratificara el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

No importa que el Artº. 138 de la ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, en su apartado 1 formule que las actuaciones de prueba, las vistas y las comparecencias cuyo objeto sea oír a las partes antes de dictar una resolución se practicarán en audiencia pública… 

Nada importa a excepción, por lo visto, del “capricho” de una funcionaria pública siguiendo las indicaciones de un letrado que al parecer necesita repasar el código deontológico de su profesión. Lo importante era evitar que la prensa estuviera presente en el juicio oral y constatara que Hermanas de la Congregación de la Doctrina Cristina estuvieran sentadas en el banquillo por un presunto delito de blanqueo de capitales. Coincide que esa misma prensa hace mas de un año estuvo presente en un acto de conciliación en el que la citada Congregación de las Hermanas de la Doctrina Cristiana le demandaba 50.000 € por un presunto delito contra el honor y buen nombre de la CHDC. ¿Me he explicado bien, amigos lectores? ¿Comprenden los motivos de la censura vivida por un servidor en el Palacio de Justicia de Benidorm?

En esta ocasión no es que la prensa topara con la Iglesia, sino que el letrado utilizó la incompetencia de una funcionaria para que la prensa  se diera de bruces contra la puerta de acceso a la Sala 2 del Palacio de Justicia de Benidorm. Desconoce el letrado que esta prensa antepone la presunción de inocencia de las Hermanas a su deseo manifiesto de secretismo y esperará pacientemente la sentencia que en justicia recaiga sobre las Hermanas, sea absolutoria o condenatoria, pero eso sí sin rencor pero con la libertad que en esta ocasión le han negado.

José Antonio Corachán Marzal

Diplomado en Anticorrupción

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