El juez sostiene que de momento no hay pruebas suficientes para implicar a Garzón y a la ministra Delgado en el ‘caso Villarejo’

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Requiere información a cuatro bancos españoles para identificar a terceras personas que pudieron beneficiarse de la trama

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellónconsidera que la implicación del ex juez Baltasar Garzón y de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en el caso Villarejocarece de “toda verosimilitud” y “sin soporte probatorio alguno”.

Así lo sostiene el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, instructor de la investigación abierta al comisario de Policía jubilado José Manuel Villarejo, en un auto dictado este 5 de junio, al que tuvo acceso este diario. El magistrado destaca que, “como ya se ha puesto de relieve por la propia Fiscalía Anticorrupción“, si bien quedaron acreditados los pagos de los navieros españoles Ángel y Álvaro Pérez-Mauraa Villarejo a cambio de que resolviera sus problemas judiciales en Guatemala, no existen pruebas que incriminen a Garzón y a Delgado.

Es la primera vez que este magistrado aborda la supuesta implicación del juez inhabilitado -en la actualidad ejerce como abogado- y de la ministra de Justicia en funciones -antigua fiscal de la Audiencia Nacional- en la pieza bautizada como Pit, en la que se investigan los servicios que Villarejo realizó para los hermanos Pérez-Maura, a los que pidió 10 millones de euros, y en la que se estudia el pago de 2,5 millones que el comisario y el empresario Adrián de la Joya solicitaron a los empresarios para la supuesta contratación de Garzón.

La documentación incautada al ex agente policial, en prisión preventiva desde el 5 de noviembre de 2017 -está investigado de delitos de organización criminal, blanqueo, cohecho, falsedad documental, malversación, descubrimiento y revelación de secretos- involucra también a la ministra Delgado en el proyecto encargado por los Pérez-Maura.

El magistrado García Castellón considera que “en el momento procesal en el que nos encontramos” no existen pruebas para formular ninguna acusación contra ambos y señala textualmente: “Los investigados no dudaron en justificar algunos de esos cobros en supuestas contrataciones como la del Sr. Garzón o gestiones con terceras personas vinculadas con la Administración de Justicia”, en clara referencia a la ministra socialista.

“Justificaciones éstas carentes de toda verosimilitud y sin soporte probatorio alguno”. Así “lo ha puesto de relieve”, subraya el juez, “la propia Fiscalía Anticorrupción el pasado 8 de mayo y reconocieron además los propios investigados en sus declaraciones posteriores a la detención”.

RECONSTRUIR OPERACIONES BANCARIAS

El pasado 10 de mayo, el naviero Ángel Pérez-Maura desvinculó a Garzón de los trabajos contratados a Villarejo. El naviero declaró al juez que el trabajo que le hizo el comisario fue “una tomadura de pelo” y que está “convencido” de que le “engañó” cuando le pidió “un adelanto” de los 10 millones de euros que puso como precio a sus servicios “para contratar al Sr. Garzón”, como publicó el Mundo el pasado 4 de junio.

En el citado auto, García Castellón accede a las diligencias solicitadas por la Fiscalía para impulsar la investigación y ordena requerir a cuatro entidades financieras españolas información pormenorizada y ampliada de cuentas bancarias vinculadas al abogado Enrique Maestre Cavanna, imputado en esta pieza, en la que se investigan delitos de cohecho internacional, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, encubrimiento, blanqueo de capitales y organización criminal. El juez está interesado también en conocer los movimientos de las cuentas cuyo titular es la empresa Desarrollos Empresariales Adessan, relacionada con Maestre, según los investigadores.

En concreto, el magistrado está interesado por todos los antecedentes de las cuentas bancarias vinculadas a Maestre y a esta sociedad, así como la identidad de terceras personas con las que tuvieron relación a través de las cuentas. García Castellón investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en la relación de movimientos que se hayan registrado en esas cuentas, aunque en la actualidad estén canceladas.

Para ello ha pedido también a los bancos la documentación soporte que permita la reconstrucción de operaciones individuales, con el objeto de identificar a terceras personas por cuenta o en cuyo beneficio se realizaron las operaciones.

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