En un movimiento que pone los pelos de punta a miles de españoles con hábitos de gasto elevados, el Ministerio de Hacienda ha desatado la tormenta fiscal al obligar a los bancos a chivarse de todo: a partir de 2026, cualquier titular de tarjeta que supere los 25.000 euros anuales en cargos y abonos verá su nombre, DNI y detalles al desnudo ante la Agencia Tributaria. El Real Decreto 253/2025, publicado en el BOE el 1 de abril y que entra en vigor el próximo 1 de enero, transforma la lucha contra el fraude y el blanqueo en una vigilancia orwelliana de cuentas corrientes, préstamos y plásticos, con límites draconianos que dejan poco margen al error.
Imagina esto: tus compras en Amazon, cenas en restaurantes de lujo o viajes impulsivos ya no son solo tuyos. Si tu Visa, Mastercard o incluso una tarjeta virtual de monedero digital acumula más de 25.000 euros en transacciones al año –sumando abonos, cargos, recargas en efectivo y pagos en comercios–, el banco está forzado a declarar anualmente: quién eres, qué tipo de tarjeta usas, el número total de operaciones y cada céntimo movido. No hay escapatoria para tarjetas de crédito, débito, prepago o móviles; todas caen bajo el radar si cruzan el umbral. Y ojo, que las sanciones acechan: Hacienda no dudará en multar a quien no declare estos movimientos o intente camuflarlos en patrones sospechosos, elevando el listón de la persecución fiscal a niveles nunca vistos.
Pero la artillería no para ahí. El decreto, que reforma los artículos 37 y 38 de la normativa tributaria, obliga a las entidades –incluidas las de dinero electrónico– a soltar datos sobre cualquier cuenta, sea corriente, de ahorro o a plazo fijo, sin importar si genera intereses o no. Hacienda pedirá:
- Identificación completa del titular (nombre, DNI, etc.).
- Saldos al 31 de diciembre y el promedio del último trimestre.
- Totales de cargos y abonos anuales.
Para préstamos y créditos, el gatillo se aprieta con saldos superiores a 6.000 euros a fin de año, o movimientos en efectivo (imposiciones, disposiciones o cobros de documentos) por encima de 3.000 euros. «Esto es un paso más en la modernización del control fiscal, pero huele a invasión de privacidad para el ciudadano de a pie», advierten expertos consultados, que ven en esta medida un arma de doble filo: por un lado, frena el fraude; por otro, acelera las inspecciones cruzadas con el Tribunal de Cuentas y auditores externos.
La primera ronda de declaraciones bajo esta nueva era distópica se presentará en 2026, cubriendo los movimientos de 2025, y no requerirá papeleo extra de los usuarios –los bancos lo hacen por ti–. Sin embargo, el impacto es brutal: millones de tarjetas quedarán exentas si no superan los 25.000 euros, pero para ejecutivos, influencers o familias adineradas, es como si Hacienda instalara una cámara en tu monedero digital. En paralelo, el Gobierno justifica el zarpazo como esencial para «mejorar la equidad fiscal y la eficacia recaudatoria», en un contexto de digitalización galopante donde el efectivo se despide y los plásticos reinan.
Mientras, en las sombras, otros titulares agitan el panorama: el abogado Antonio Martínez alerta del «heredero okupa» que, si su pareja procrea, podría declararse vulnerable y bloquear ventas de pisos heredados. Y para rematar la locura, las entradas premium del GP de España F1 2026 en Madrid –hasta 1.500 euros– se agotan como churros, con zonas VIP ya a reventar. ¿Coincidencia? En esta España de 2025, ni los circuitos ni las tarjetas escapan al escrutinio. ¿Estás listo para que Hacienda sepa todo sobre ti?
