¡El Consejo de Europa descarga su veredicto como un rayo que ilumina las grietas del mercado laboral español! El Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR) ha puesto el dedo en la llaga: los despidos en España son «demasiado baratos» y violan el artículo 24 de la Carta Social Europea, exigiendo una reforma urgente para introducir el concepto de «despido restaurativo» –un ajuste de indemnizaciones que calcule el daño personal real, considerando factores como edad, sexo, estado civil y hasta el lugar de residencia del trabajador. ¡Imagina: un despido que no sea un pellizco fijo de 33 días por año, sino una compensación que suba o baje según la vulnerabilidad del afectado –más pasta para un cincuentón en un pueblo rural, menos para un veinteañero en Madrid! Con el Gobierno de Sánchez ya comprometido vía pacto PSOE-Sumar a implementarlo en la próxima legislatura, esta presión europea no es un susurro; es un ultimátum que podría reescribir el Estatuto de los Trabajadores, equilibrando la flexibilidad empresarial con una justicia social que Europa aplauda.
El fallo del ECSR es un mazazo que llega tras la reforma laboral de 2012, cuando Rajoy recortó las indemnizaciones de 45 a 33 días por año trabajado, provocando un batacazo del 36% en las medias judiciales. «España no cumple con el artículo 24, que exige indemnizaciones suficientes y proporcionales al daño causado», sentencia el Comité, criticando un sistema «rígido y desproporcionado» que ignora el impacto individual. El «despido restaurativo», inspirado en doctrina judicial como la sentencia 469/2023 del TSJ de Cataluña –que cuadruplicó una indemnización por mayor desprotección del trabajador–, obliga a calibrar el pago según variables personales: un varón de 60 años en Galicia podría cobrar el doble que una mujer de 25 en Barcelona, por mayor dificultad de reempleo. ¡El riesgo? Un «agravio geográfico» que dispararía costes en zonas rurales o para mayores, pero Europa lo ve como «justicia restaurativa» que protege a los vulnerables y frena despidos arbitrarios.
El Gobierno, pillado en el acto, no se achanta: el pacto de investidura PSOE-Sumar ya incluye esta reforma junto a la jornada de 37,5 horas, con aplicación homogénea en la próxima legislatura. «Es una oportunidad para un mercado laboral más justo», claman fuentes de Trabajo, aunque sindicatos como CCOO advierten: «No queremos indemnizaciones a la carta que beneficien a unos y castiguen a otros». Para empresas, el impacto es un volcán: costes variables que podrían encarecer despidos en un 20-50% según el perfil, incentivando reconversiones o planes sociales en vez de tijeretazos. Para trabajadores, un escudo que valora el «daño real» –edad, familia, ubicación–, pero con el fantasma de desigualdades regionales. ¡El ECSR no fija plazos ni multas, pero su presión podría acelerar la tramitación en el Congreso, donde PP y Vox ya huelen debilidad!
Esta exigencia no es un capricho continental; es el pulso de una Europa que quiere despidos «humanos» en un tiempo de precariedad galopante. ¿Cumplirá Sánchez, o la reforma se empantanará en pactos imposibles? En Agencia6, el termómetro laboral sube con este «restaurativo» que promete justicia, pero avisa riesgos: ¡indemnizaciones a medida, o desigualdad a la carta? Sigue el debate en nuestras redes para las claves de la reforma – porque en el despido, el daño no es solo económico; es personal.
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