Dos días después de que la Policía Nacional desmantelara la primera célula en España de la banda venezolana Tren de Aragua, con 13 detenidos en operaciones en Barcelona, Madrid y otras ciudades, la fiscal jefa antidroga de la Audiencia Nacional, Rosa Ana Morán, ha lanzado un aviso rotundo: España debe reconocer que padece un «problema de delincuencia organizada» y actuar con reformas judiciales inmediatas para combatirlo. En una ponencia celebrada este viernes en el II Congreso de Legislación Antinarcotráfico, organizado por la Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN) en A Estrada, Morán ha criticado la falta de recursos y la obsolescencia de las competencias actuales, proponiendo una red de delegados fiscales en todas las provincias y la creación de juzgados especializados regionales.
La intervención de Morán, fiscal asturiana de 61 años que asumió el cargo en mayo de 2022, llega en un momento de máxima alerta por la expansión de mafias internacionales en territorio español. «Tenemos un problema y hay que abordarlo», ha insistido, recordando que la Fiscalía Especial Antidroga opera con solo 15 miembros en plantilla –más tres plazas vacantes– y 31 delegados limitados a zonas costeras y de alta incidencia. «A veces tengo la sensación de que nadie se lee la memoria de la Fiscalía», ha lamentado, citando la de 2022, ignorada por Ejecutivo y Legislativo, donde ya se pedía revisar las competencias de la Audiencia Nacional, saturada con solo seis jueces de instrucción.
Reformas clave para una «visión estratégica»
Morán ha abogado por una actualización profunda de las normas, alineada con la inminente revisión europea del marco antidrogas, que podría impulsar cambios en España. Entre sus demandas:
- Ampliación de competencias de la Audiencia Nacional: Actualmente limitada a casos organizados que afecten a más de una provincia, Morán cuestiona su utilidad en operaciones masivas como la entrada de 20 toneladas de cocaína por Valencia. Propone priorizar redes internacionales y casos de corrupción en Fuerzas de Seguridad, Aduanas o funcionarios, donde «es imposible investigar en el territorio propio por filtraciones». Ha aludido al caso de Óscar Sánchez Gil, exjefe de la UDEF en Madrid, detenido en noviembre de 2024 con más de 20 millones de euros ocultos en su domicilio, presuntamente procedentes de narcotráfico. «Alguno hay y hace mucho daño», ha precisado, subrayando que no hay una «realidad grave» pero sí casos que socavan la confianza.
- Delegados en todas las provincias y juzgados regionales: Para complementar a la Audiencia, sugiere fiscalías especializadas en narcotráfico y delincuencia organizada a nivel autonómico, reconociendo que «no da para más» el modelo centralizado.
- Nuevas tipificaciones penales: Tipificar como delito autónomo la tenencia y transporte de gasolina para el narco –actualmente solo sanción administrativa–, revisar la colaboración en logística o blanqueo para agilizar pruebas en juicios, y agravar la defraudación eléctrica por cultivos de cannabis. Además, pide estudiar el impacto del cannabis con THC superior al 50%, detectado en incautaciones recientes en Barcelona.
- Recuperación del Consejo Superior contra el Tráfico de Drogas: Desaparecido, es clave para coordinar el Plan Nacional sobre Drogas, según Morán, quien recuerda que las drogas no son solo un issue de salud pública, sino de seguridad: «Están detrás de muchos casos de violencia de género, abusos y explotación».
El contexto: De la advertencia a la acción policial
Las declaraciones de Morán resuenan con la operación ‘Intercity’ del jueves, que frustró la implantación del Tren de Aragua –considerado terrorista por EE.UU.– en España. La banda, originaria de Venezuela y expandida por América, operaba en narcotráfico, extorsiones y trata; los detenidos –ocho en Barcelona, dos en Madrid, y uno cada uno en Girona, A Coruña y Valencia– dirigían laboratorios de ‘tusi’ (cocaína rosa) y plantaciones de marihuana. Cuatro ya están en prisión por orden del juez Antonio Piña, y la investigación, con apoyo de Colombia y Ameripol, revela preparativos para guerras territoriales con otras mafias.
Morán ha celebrado este «paso muy importante» como ejemplo de respuesta policial, pero insiste en que sin reformas judiciales, el sistema colapsará, como en Cádiz por saturación de juzgados. El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, ha destacado la colaboración internacional, pero no ha respondido aún a las demandas fiscales. Expertos consultados ven en estas propuestas una oportunidad para alinear España con estándares europeos ante una amenaza que, según Europol, ha multiplicado sus operaciones en la UE.
Mientras, en redes y foros, la noticia genera debate: ¿Es hora de un «Plan Marshall» antidroga? Fuentes de la Fiscalía advierten que, sin acción, el «problema» se convertirá en crisis.
