¡Un juicio exprés que destapa el lado oscuro de los vinos riojanos y deja a una exalcaldesa con la toga manchada de tinta falsa! Cristina Solana, quien lideró Clavijo (La Rioja) por el PP entre 1999-2003 y 2015-2019, ha reconocido ante la Audiencia Provincial de Logroño su rol en una trama de falsificaciones que permitió plantar viñedos ilegales por 20,5 hectáreas, con un valor estimado de entre 360.000 y 540.000 euros. Junto a dos hermanos agricultores, R.L. y M.L., Solana admitió haber alterado contratos y emitido informes oficiales ficticios para simular superficies disponibles, burlando a la Administración y perjudicando a otros solicitantes con derechos prioritarios. ¡El caso, que olía a prevaricación desde 2017, se resolvió en un «juicio de conformidad» con penas leves pero un estigma eterno: multas de 900 euros y suspensiones que cierran puertas políticas para siempre! En una región donde el vino es oro líquido, esta «cagada» no solo arruina reputaciones; expone cómo el poder local puede torcer la ley por unos racimos de uva.
El enredo vitivinícola arrancó en 2017, cuando los hermanos R.L. y M.L. –dueños de una mercantil agrícola– pusieron en marcha una maquinación digna de una novela negra riojana. Alteraron contratos preexistentes sobre parcelas municipales, incorporando superficies inexistentes y anexos falsos para aparentar hasta 174 hectáreas disponibles. «Simularon una disponibilidad de superficie agraria que no existía», detalla el fiscal en su escrito, que califica la maniobra como un «delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil». Solana, en su rol de alcaldesa, remató el timo: emitió un informe oficial afirmando que ciertos recintos estaban arrendados a la mercantil de los hermanos, sabiendo que era mentira. Este papel fue la llave maestra para superar los controles administrativos y obtener autorizaciones vitícolas por 20,5080 hectáreas –un botín que dejó en la estacada a otros viticultores con mayor antigüedad.
Pero la trama se enredó más: en pleno procedimiento de revisión de oficio –cuando ya flotaban dudas sobre la legalidad–, confeccionaron un contrato falso fechado en 2015, presentado como «prueba» de un arrendamiento inexistente. Suscrito por Solana y M.L. en nombre de la empresa, incluía cláusulas absurdas para justificar la ausencia de pagos durante años –nunca liquidado ante Hacienda, lo que gritaba falsedad. «El contrato simulaba un arrendamiento que nunca se produjo», subraya el fiscal, quien aplicó la atenuante de «dilaciones indebidas» por el retraso judicial, rebajando penas que podrían haber sido más duras.
El «juicio de conformidad» fue un cierre rápido y amargo: los hermanos R.L. y M.L. aceptaron 10 meses y 15 días de prisión por falsedad continuada, más una multa de 900 euros cada uno –suspensión condicional de dos años–. Solana, por su parte, se conformó con una multa de 900 euros y 6 meses de inhabilitación especial para cargo público, por falsedad imprudente continuada como autoridad. «Todos actuaron de forma concertada», concluye el fiscal, cerrando un capítulo que deja a Clavijo –un pueblo de 500 almas rodeado de viñedos– con el sabor amargo de la traición local.
Este escándalo no es vino viejo; es un reflejo de cómo el poder municipal puede torcer la ley por unos euros en uva. En La Rioja, donde el sector vitivinícola es el pulmón económico, esta plantación ilegal no solo robó tierra; erosionó la confianza en líderes que deberían velar por el bien común. ¿Habrá más «contratos fantasma» en los cajones? El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que ratificó la sentencia, promete vigilancia, pero el daño está hecho: una exalcaldesa inhabilitada y dos agricultores con el futuro hipotecado.
En Agencia6, el paladar se nos agrieta con esta falsedad que envenena lo noble: ¡por Clavijo, por La Rioja, que la justicia sea el mejor crianza! ¿Conoces más tramas en el mundo del vino? Comparte en comentarios y síguenos para más escándalos que destapan el barril – porque un viñedo ilegal no da buen caldo, pero la verdad siempre fermenta.
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