Según información de la Agencia EFE que recogen algunos medios digitales, el Tribunal Supremo se inclina por exhumar a Franco pero también por aceptar que la familia lo lleve a La Almudena
El Tribunal Supremo duda a dónde trasladar los restos del ex Jefe del Estado español, Francisco Franco, en caso de avalar la exhumación planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez, dado que no existen precedentes de reinhumación que ilustren a la Sala y, por tanto, afronta un debate jurídico que se antoja «muy complejo».
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo resolverá definitivamente esta cuestión el próximo 24 de septiembre a partir de las 10 horas cuando dé comienzo la deliberación, y fallo del recurso de los nietos del dictador contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de marzo, que fijaba para el 10 de junio la exhumación, paralizada por la Sala hasta que hubiera sentencia. Así se recoge en la información dimanada del propio Tribunal Supremo.
Fuentes jurídicas consultadas por Efe aseguran que el principal escollo gira en torno a si el gobierno puede decidir dónde reubicar el cadáver de Franco y, sobre todo, si puede hacerlo en contra de la opinión de la familia del dictador. Ese es el asunto que se sabe puede generar mayor polémica entre los españoles, dado que nuestra cultura cristiana aboga porque sea la familia quien decida siempre el destino final de un muerto.
Todos sabemos que el ejecutivo socialista quiere que los restos se reinhumen en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio y alude a motivos de seguridad para oponerse al deseo de los nietos del dictador de hacerlo en la cripta de la Catedral de la Almudena, donde su hija, Carmen Franco, compró en 1987 una sepultura a perpetuidad con espacio para varios cuerpos.
Aunque para llegar a ese punto, la Sala tendría antes que dar el visto bueno a la exhumación de los restos de Franco de la basílica de Cuelgamuros, un asunto que, no obstante, no genera en el tribunal la mismas dudas que la reinhumacion, ya que existe mucha jurisprudencia de exhumaciones. «Lo que ocurre es que de lo otro no hay nada», precisan las fuentes recogidas por la agencia informativa.
Normalmente, en asuntos de derecho mortuorio suelen primar los criterios de salud pública, pero aquí no es el caso, sino que el Ejecutivo acusa a los Franco de ignorar los riesgos de seguridad que entrañaría el enterramiento en la cripta de la Almudena.
Del mismo modo, entienden que la cuestión a tratar es mediática pero dejan claro que el debate político está al margen y, por tanto, no puede contaminar ni condicionar en absoluto la decisión que responderá a «estrictos criterios jurídicos». El ponente será el magistrado Pablo Lucas.
Por el momento, los magistrados solo se pronunciarán sobre el recurso de los nietos de Franco, pero no respecto de los planteados por la comunidad benedictina del Valle, la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que dejarán para más adelante y cuyo desenlace vendrá marcado por lo que acontezca el 24 de septiembre.
