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El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) implantará a partir del 1 de enero de 2026 la obligación de presentar la declaración de la Renta a todos los perceptores del subsidio por desempleo mayores de 52 años, independientemente de sus ingresos. La medida, incluida en el Real Decreto-ley de reforma de prestaciones aprobado en octubre, busca garantizar el control de rentas y evitar incompatibilidades con otras ayudas, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
¿Quiénes deben presentar la Renta obligatoriamente?
- Perceptores del subsidio >52 años: Actualmente unos 800.000 beneficiarios, con una prestación media de 480 €/mes (80% IPREM).
- Novedad clave: Aunque sus ingresos anuales no superen los 15.876 € (límite general para declarar), deberán hacerlo por imperativo legal.
- Otros afectados: También quienes cobren el subsidio ordinario (480 €/mes) o la Renta Activa de Inserción (RAI), si sus rentas superan los topes habituales.
El SEPE cruzará datos con Hacienda para verificar el cumplimiento. Quien no presente la declaración podrá perder la prestación o enfrentarse a sanciones por fraude.
Motivos de la medida
- Control de rentas: Evitar que perceptores con ingresos adicionales (pensiones, alquileres, capital) superen los límites de compatibilidad.
- Coordinación con IMV: Muchos beneficiarios optan por el subsidio >52 años en lugar del IMV por ser más cuantioso y sin control patrimonial estricto.
- Lucha contra el fraude: En 2024 se detectaron 12.000 incompatibilidades, con devoluciones de hasta 20.000 € por persona.
Consecuencias prácticas para los beneficiarios
| Situación actual (2025) | A partir de 2026 |
|---|---|
| No obligación de declarar si <15.876 € | Obligación aunque ingresos sean inferiores |
| Solo control anual de rentas | Declaración anual obligatoria + cruce automático |
| Posible devolución si fraude | Suspensión inmediata + sanción administrativa |
Muchos perceptores (especialmente en País Vasco, Cataluña y Andalucía) tendrán que contratar gestorías por primera vez, con costes de 80-150 €.
Reacciones y críticas
Unión de Jubilados y Pensionistas denuncia que «se criminaliza a los parados mayores» y prepara recursos. CCOO y UGT critican que «complica la vida a los más vulnerables». El Gobierno defiende la medida como «necesaria para la sostenibilidad» y anuncia campañas informativas en 2026.
La obligación se extiende también a nuevos solicitantes del subsidio desde enero.
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