El máximo responsable operativo de los Mossos durante el 1-O, el mayor Josep Lluís Trapero, ha expuesto este jueves ante el tribunal sus diferencias con el entonces conseller de Interior, el acusado Joaquim Forn. Trapero ha explicado que las declaraciones públicas de Forn diciendo que los Mossos permitirían la votación cayeron «muy mal» en el Cuerpo. «Hicimos un comunicado para decir que no estamos de acuerdo con que dice. Al final es un político. Pienso que había un punto de irresponsabilidad, pero el Cuerpo tiene la fuerza que tiene en ese sentido».
Anteriormente, Trapero había explicado que también discrepó de la afirmación de Forn de que los Mossos no aceptaban el nombramiento como coordinador del coronel de la Guardia CivilDiego Pérez de los Cobos. El mayor ha subrayado que en ningún momento ellos dijeron que no lo aceptaban. No se «compartía» la decisión de la Fiscalía de hacer esa designación, pero se aceptaba. Pese a esas diferencias con su responsable político, ha precisado que le mantenía perfectamente informado de todas las decisiones fiscales y judiciales sobre el referéndum. «A Forn le informé de todas las actuaciones».
El interrogatorio de la mañana se ha interrumpido cuando llegaba un momento clave, el de las reuniones del 26 y 28 de septiembre de 2017 en la que, según los testigos anteriores, los mandos policiales informaron al Govern –Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn- del riesgo de enfrentamientos en la jornada de votación y les pidieron que la desconvocaran. Cuando el fiscal Javier Zaragozacomenzaba a preguntar por los encuentros, la defensa de Forn ha interrumpido recordando que la Fiscalía no había solicitado el testimonio de Trapero y que, por tanto, debía limitarse a los ámbitos que habían tratado las partes que sí lo habían hecho. En este caso, Vox, que no ha interrogado al mayor sobre esas dos reuniones. El tribunal ha decidido, al retomar la sesión a las 16.00 horas, que el fiscal no pregunte por los encuentros.
Antes de que el tribunal le cortara, Trapero ha declarado que en las reuniones que mantuvo el 26 y el 28 de septiembre comunicó a Puigdemont y Forn que el 1-O habría «necesariamente problemas de orden público y de seguridad ciudadana».
La parte del interrogatorio más encendida ha sido aquella en la que el fiscal Zaragoza ha preguntado sobre la responsabilidad concreta de cada cuerpo -Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional– en el cumplimiento de la orden de cerrar los colegios electorales e impedir la votación. La tesis del Ministerio público es que era una tarea asignada a los Mossos, que si veían la necesidad podían pedir ayuda a los otros cuerpos. Pero Trapero ha sostenido que la Guardia Civil y la Policía eran los encargados de cerrar los colegios en los que se encontraban con resistencia.
