El Consell ha aprobado el proyecto de Ley del Juego de la Comunitat Valenciana que pone el foco en la protección de los menores y contempla que la recaudación por sanciones a este sector sea destinado a poner en marcha acciones de prevención y ayuda frente a la ludopatía.
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, que ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión semanal del Gobierno valenciano, ha hecho hincapié en que el nuevo texto normativo «protege la posición del débil, la de la persona jugadora frente a la posición dominante de la persona organizadora y, sobre todo, protege a las personas menores de edad frente a la ludopatía y el juego descontrolado».
Oltra ha recordado que hace un año, en octubre de 2018, el Consell aprobó el proyecto de Ley del Juego, que fue remitido a Les Corts para su tramitación, pero al finalizar la legislatura y nombrarse nuevo Gobierno, ha sido necesario volver a aprobar el nuevo texto normativo en el pleno del Consell «para remitirlo nuevamente a Les Corts para su tramitación».
Tal y como ha señalado la vicepresidenta, la nueva ley mantiene el mismo marco normativo que la anterior que aprobó el Consell, que se adapta «a los actuales usos sociales y tiene en cuenta la implantación de los cambios tecnológicos y las nuevas formas de juego, como es el juego on line».
De este modo, los tres aspectos claves de la nueva ley, según ha explicado Oltra, son la obligación de establecer un control de menores a la puerta; un endurecimiento de las sanciones para los locales que vulneren la normativa vigente y «que una parte importante de los ingresos que se deriven vayan destinados a la prevención de la ludopatía».
Por su parte, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, que ha comparecido en la rueda de prensa, junto a la vicepresidenta, para explicar el contenido del proyecto de Ley del Juego de la Comunitat Valenciana, ha destacado que se trata de «la primera ley ordinaria de esta legislatura que el Gobierno del Botánico II» lleva a Les Corts.
Soler ha remarcado «la preferencia y prioridad» que el Gobierno Valenciano da a esta ley «por las condiciones crecientemente preocupantes del tema ludopático, sobre todo por las nuevas tecnologías incorporadas al juego».
Principales novedades
Esta nueva normativa viene a sustituir a la Ley 4/1988, de 3 de junio, que desde su aprobación hace más de treinta años, ha sufrido importantes modificaciones y se ha visto afectada por nuevos reglamentos reguladores de cada uno de los subsectores del juego.
Como principales novedades incorporadas en esta ley hay que destacar las medidas encaminadas a reforzar la protección de los menores y de las personas con ludopatía. Para ello, la ley establece un control de acceso a pie de calle en todos los locales de juego.
Esta medida afecta principalmente a los salones de juego, puesto que la ley vigente hasta ahora únicamente establece un control de acceso a la parte acotada del salón en la que existan máquinas que dan mayores premios (3.000 euros) pero no fija un requisito de control de acceso en la entrada al salón, algo que se incorpora con la nueva ley.
Por otra parte, con la nueva regulación, el acceso a los locales de juego de menores y personas inscritas en el Registro de Personas Excluidas de Acceso al Juego pasa de considerarse una falta grave a falta muy grave. Por ello, las multas impuestas por el incumplimiento de esta infracción serán superiores a 6.001 euros (en las calificadas como graves el límite inferior fijado será de 3.001 euros).
Además, esta infracción podrá conllevar la suspensión de la autorización y cierre del local por un plazo de hasta cinco años, revocación de la autorización y cierre definitivo del local, e inhabilitación para ser titular de la autorización por un plazo máximo de cinco años.
Otra de las novedades incorporadas en esta ley, y que tiene también que ver con las infracciones y sanciones, es el hecho de que la recaudación que se obtenga revierta en la prevención, asistencia y demás actuaciones que se desarrollen en materia de juego patológico por parte de las consellerias competentes en materia de salud y bienestar social.
