La nueva ley de memodia, ahora llamada democrática, expulsará a la congregación benedictina del Valle de los Caídos, anunciando que la mayor cruz del mundo podría ser demolida por capricho de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Van en serio o es una cortina de humo para tapar la tragedia social y económica que vivimos en España?
Nueva cortina de humo ideológica a la que se aferra el Gobierno para desviar la atención de su gestión de la pandemia y sus contradicciones internas. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática y Derechos Humanos que pretende ilegalizar a la Fundación Francisco Franco, impartir una nueva asignatura en las escuelas «bajo el paradigma de ‘Nunca más’ perder nuestras libertades», crear una Fiscalía específica para «reparar a las víctimas», sufragar con fondos públicos la exhumación de las víctimas del franquismo de las fosas comunes, y anular los juicios del franquismo.
Sin embargo, a las medidas ya esperadas se les suma las novedades sobre la «resignificación del Valle de los Caídos. «Se extinguirá» la fundación de los monjes benedictinos que hasta ahora gestionan la abadía a través de la desacralizalización del templo. «Entretanto que se produzca su extinción. Habrá un régimen transitorio que regularemos mediante decreto». Una vez esto ocurra, «se resignificará» el Valle que se convertirá «en un cementerio civil que rendirá tributo a las víctimas de ambos bandos». Incluso se plantean el derribo de la emblemática Cruz del Valle de los Caídos, sobre la que «reflexionará» el Ejecutivo, en palabras de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.
La vicepresidenta Calvo comenzó su presentación defendiendo este último punto por considerar que es «la mejor forma de reparación: declarar nulo cualquier juicio que haya derivado en el fusilamiento de personas importantes como el presidente Compayns», señaló recogiendo la reclamación reciente del presidente catalán, Quim Torra, de que el Gobierno pidiera persón por este fusilamiento del franquismo.
El anteproyecto contempla varias medidas esperadas como la ilegalización de la Fundación Francisco Franco y las ayudas económicas para la exhumación de las víctimas del franquismo que se encuentran en las fosas comunes, cuya identificación y posterior entierro se hará a través de «la creación de un banco de ADN» y serán sufragadas con fondos públicos. Para ello, se creará una Fiscalía específica para «reparar su memoria».
Sobre la Fundación Francisco Franco ha dejado claro Calvo que «no van a poder existir asociaciones de diferente naturaleza jurídica con recursos públicos y que enaltezcan figuras dictatoriales como la figura de Francisco Franco».
Entre las novedades, las multas de entre 200 y 150.000 euros que incumplan la ley de Memoria Democrática enalteciendo el «fascismo» y la implantación de una nueva materia en las escuelas para «decirle a nuestros jóvenes de donde venimos» y que «responderá al paradigma de ‘Nunca Más’ perderemos nuestras libertades».
