La Junta de gobierno aprueba una serie de acuerdos para garantizar el suministro eléctrico a consumidores en riesgo de exclusión.
La Junta de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado el compromiso de financiación del 50 % del importe de las facturas de suministro de electricidad a precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) a las personas que tengan la condición de vulnerables severos. Dichos gastos se harán efectivos durante el presente ejercicio con cargo a una partida municipal dotada con 50.000 euros denominada «Convenio de colaboración bono social energético».
La Concejalía de Acción Social, dirigida por Julia Llopis, ha elevado a la Junta de gobierno dicha propuesta para dar el visto bueno a una serie de acuerdos tendentes a garantizar a los consumidores sin recursos el acceso al suministro de energía eléctrica.
La propuesta a la Junta de gobierno – de conformidad con el departamento jurídico de Acción Social – establece que los servicios sociales del Ayuntamiento quedan facultados para emitir informe relativo a que el consumidor vulnerable severo se encuentra en intervención social a efectos de reconocimiento de la situación de consumidor en riesgo de exclusión. En tal supuesto, se le abonará el pago del 50 por ciento del importe de la factura en concepto de ayuda social.
Estas resoluciones de la Junta de gobierno dan continuidad a un pasado acuerdo del Pleno del Ayuntamiento que, mediante una declaración institucional, abogó por “retomar los contactos con Iberdrola y otras empresas para la firma de un convenio marco para evitar que las personas en riesgo de exclusión sigan siendo víctimas de suspensión del suministro de electricidad y / o gas por impago”.
La propuesta de acuerdo que ha tratado hoy la Junta de gobierno alude a la Ley del Sector Eléctrico donde se recoge que podrán considerarse suministros esenciales (…) «aquellos suministros a consumidores que tengan la condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén siendo atendidos, respecto a esos suministros, por los servicios sociales de las administraciones públicas competentes por hallarse, en atención a su renta, en riesgo de exclusión social». Estos suministros se circunscribirán a personas físicas en su vivienda habitual.
La Junta de gobierno ha aprobado también el convenio marco a suscribir con las empresas comercializadoras de referencia. Estas empresas deberán manifestar por escrito su voluntad de adhesión.
La concejala de Acción Social y Familia, Julia Llopis, queda facultada para la firma de los convenios con las referidas empresas comercializadoras.
