¡El Gobierno de Pedro Sánchez se divide como un prisma en el ojo del huracán judicial! Tras el mazazo del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz –condenado por revelación de secretos con dos años de inhabilitación que lo apartan del cargo–, el Ejecutivo muestra su rostro dual: por un lado, un freno institucional que defiende la solidez de las togas; por el otro, un rugido político que clama «injusticia» y convoca a la calle para blindar la democracia. Fuentes gubernamentales lo pintan como «dos caras de la misma moneda»: Félix Bolaños, ministro de Justicia, pone el candado al discurso para no erosionar la confianza en el Supremo, mientras Yolanda Díaz y Óscar López desatan la tormenta, exigiendo movilización y tildando el fallo de «golpe de Estado judicial». ¡Con el PSOE bullendo de indignación en sus bases y el CGPJ en el limbo para nombrar sucesora, Moncloa acelera el reloj: urge publicar la sentencia y apelar al Constitucional para capear un vendaval que podría salpicar al Gobierno entero!
El epicentro de esta estrategia calculada es un reparto de papeles que huele a ajedrez político. Félix Bolaños, el guardián de las instituciones, actúa como el ancla: «No generemos desconfianza en el Supremo», advierte en privado, limitando las discrepancias a lo «discursivo» y recordando que el fallo no es firme –García Ortiz apelará al TC, y el Gobierno confía en su «celeridad» para revertirlo–. «Cada persona tiene un perfil, y todo es complementario. No es contradictorio», explican fuentes cercanas, donde Bolaños, con su cartera judicial, se mantiene «comedido» para no avivar el fuego institucional. Pero el telón se abre a la ofensiva: Yolanda Díaz, vicepresidenta y líder de Sumar, eleva la apuesta con un grito de batalla: «España debe movilizarse en favor de la democracia», denunciando intentos de «tumbar al Gobierno» desde los despachos judiciales. Y Óscar López, ministro de Transformación Digital y jefe del PSOE en Madrid, remata con veneno: «Es una injusticia», arremetiendo contra jueces que «no defienden la Justicia» y «responden a la llamada» de José María Aznar, en un pulso que une al Ejecutivo en la exigencia de publicar ya la sentencia para desbloquear el relevo.
Este baile de roles no es improvisado; nace del malestar que hierve en las bases socialistas, donde el fallo al fiscal –visto como un peón del sanchismo– se percibe como un asalto politizado que podría activar el electorado de cara a comicios europeos. López, como líder madrileño del PSOE, ve en Isabel Díaz Ayuso –epicentro del caso que precipitó la filtración– un flanco para contraatacar, mientras Díaz, con su tirón en la izquierda, moviliza a Sumar para un frente común contra lo que tilda de «lawfare». El Gobierno, unido en lo esencial, presiona por agilizar el proceso: «Queremos celeridad en la publicación», coinciden Bolaños y Díaz, abriendo la puerta a una nueva fiscal general que herede un Ministerio Público herido pero blindado.
Las réplicas políticas no se hacen esperar: el PP, con su instinto de lobos, celebra el «equilibrio» como hipocresía –»Sánchez reparte papeles para no asumir la podredumbre»–, mientras Vox clama por dimisiones en cascada. Pero en Moncloa, el mensaje es claro: esto no es debilidad, sino estrategia. ¿Logrará el Gobierno capear la tormenta con apelaciones y movilizaciones, o el Supremo abrirá más grietas en el sanchismo? Una cosa es segura: la «injusticia» resuena como un tambor de guerra, y la democracia, según Díaz, no se tumba en silencio.
En Agencia6, el pulso judicial late con esta doble cara que redefine el poder: ¿instituciones por encima de todo, o la calle como escudo? ¡Sigue las actualizaciones al minuto en nuestras redes – porque cuando el Gobierno se divide para conquistar, España entera observa!
#GobiernoRoles #CondenaFiscalGeneral #InjusticiaJudicial #MovilizacionDemocracia #Agencia6
