Desde la Secretaría Autonómica de Planificación y Organización del Sistema se ha trabajado con València, Alicante, Castellón y Elche
La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha finalizado una primera ronda de contactos con las tres diputaciones y los ayuntamientos de las grandes ciudades para cerrar el diseño del nuevo sistema de financiación de los servicios sociales municipales, que dará una mayor estabilidad a la ampliación de plantillas.
Esta ronda de contactos se ha iniciado a instancias de la Secretaría Autonómica de Planificación y Organización del Sistema, según ha explicado su titular, Xavier Uceda, quien ha señalado que estas reuniones tienen por objeto concretar la aplicación del decreto de coordinación y financiación de la atención primaria de los servicios sociales, aprobado por el Consell en abril.
Este decreto desarrolla la Ley de Servicios Sociales Inclusivos en aquella parte que viene a dotar al sistema público valenciano de servicios sociales de una actuación coordinada entre las distintas administraciones públicas y de un ejercicio coordinado de sus respectivas competencias y atribuciones y de sus responsabilidades en materia de financiación.
Uceda ha destacado que este decreto «lo que busca es dar estabilidad al nuevo modelo de servicios sociales que se ha impulsado desde el Consell del Botànic, que ha supuesto multiplicar por cinco las plantillas de los equipos que atienden a la ciudadanía, y que gestionan ayudas tan importantes como la renta valenciana de inclusión o la dependencia, que tienen su puerta de entrada en los ayuntamientos».
En este sentido, ha recordado que, en 2015, los fondos que la Generalitat destinada a los ayuntamientos y entidades locales para la contratación de personal en los equipos de servicios sociales era de 9,6 millones de euros, y en 2020 esta cantidad ha subido hasta los cerca de 52 millones de euros, de los que 6,2 han sido para Castellón, 22,2 para Valencia y 23,7 para Alicante.
Este incremento de inversión ha permitido a los consistorios incrementar su capacidad de contratación de alrededor de 352 profesionales en 2015 a los 1.784 que se pudieron contratar en 2019, de los que 242 estaban en la provincia de Castellón, 807 en la de Valencia y 735 en la de Alicante.
De esta manera, se ha reducido la ratio de atención a la ciudadanía, pasando de un o una profesional por cada 12.743 habitantes que había en 2015, y a la de un o una profesional cada 2.502 habitantes que se logró en 2019. Por provincias, esta ratio sería de un o una profesional por cada 2.376 habitantes en Castellón, un o una por cada 2.557 en Valencia y un o una por cada 2.482 en Alicante.
Reuniones sectoriales
El secretario autonómico de Planificación y Organización del Sistema ha explicado que se está haciendo un trabajo muy importante para buscar el acuerdo con las distintas administraciones implicadas, para lograr que la estabilización del sistema de financiación nazca del consenso y cubra las necesidades de todas las partes.
En este sentido, se han mantenido encuentros con las diputaciones de Alicante, Castellón y València y con los ayuntamientos de Alicante, Elche, Castelló y València, en los que, además de responsables políticos, han participado personal técnico y responsables administrativos para facilitar y agilizar todos los procedimientos de tramitación y contratación.
Estas reuniones también han servido para dar a conocer la parte del decreto que regula el régimen jurídico de la coordinación interadministrativa en materia de servicios sociales entre la Generalitat y las entidades locales de la Comunitat Valenciana, a través del desarrollo de la estructura y funciones del órgano de coordinación y colaboración interadministrativa en servicios sociales.
Asimismo, el decreto establece las fórmulas de colaboración interadministrativa para la provisión de servicios sociales, con arreglo a la planificación estratégica de la Generalitat en materia de servicios sociales
La regulación de la coordinación en los equipos profesionales de servicios sociales de atención primaria de carácter básico, mediante el desarrollo de la figura profesional de dirección y sus funciones y de las funciones de profesionales de servicios sociales de atención primaria de carácter básico y su coordinación a través de comisiones de coordinación técnica, también son cuestiones reguladas por esta normativa.
