La Guardia Civil ha detenido en Sigüenza (Guadalajara) a una mujer de 32 años como presunta autora de un delito contra la flora y la fauna por maltrato animal. La arrestada privó a su perro de los cuidados básicos necesarios, lo que provocó un deterioro extremo de su salud —caquexia severa, ausencia de masa muscular y múltiples patologías— que obligó a los veterinarios a practicar la eutanasia. La investigación se inició tras la alerta de un vecino que denunció las condiciones del animal en una vivienda del municipio.
Actuación del Seprona y estado del animal
La Patrulla del Seprona de Brihuega, perteneciente a la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, se personó en el domicilio tras recibir el aviso vecinal. Los agentes encontraron al perro en un estado crítico: extremadamente delgado, sin fuerza muscular y con síntomas graves de desnutrición y abandono prolongado. Tras ser trasladado a un centro veterinario, los especialistas determinaron que su recuperación era inviable y procedieron al sacrificio humanitario para evitar más sufrimiento.
La detenida, propietaria legal del animal, no proporcionó alimento, agua, atención médica ni condiciones higiénicas adecuadas, incumpliendo las obligaciones de tenencia responsable establecidas en la normativa autonómica y nacional.
Marco legal y sanciones por maltrato animal
El artículo 340 del Código Penal tipifica el maltrato a animales domésticos con penas de hasta dos años de prisión, además de la inhabilitación para la tenencia o ejercicio de actividades relacionadas con animales. En Castilla-La Mancha, la Ley 7/2020 de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales regula la identificación, vacunación, higiene y condiciones mínimas de cuidado, clasificando el abandono o negligencia grave como infracción muy grave.
El Seprona de Guadalajara intensifica sus controles para prevenir estos casos y garantizar que los responsables respondan ante la justicia. En los últimos años, la incidencia de maltrato ha disminuido, pero persisten episodios de crueldad que terminan en sacrificio o muerte del animal.
Responsabilidad de los propietarios
La normativa estatal (Ley 7/2020) y autonómica obliga a los dueños a:
- Proporcionar alimento, agua y refugio adecuado.
- Atención veterinaria periódica y en caso de enfermedad.
- Evitar el sufrimiento innecesario.
- Identificación mediante microchip y registro censal.
Los ayuntamientos y comunidades autónomas supervisan el cumplimiento, pudiendo imponer multas adicionales y la retirada inmediata del animal en casos de riesgo.
La Guardia Civil anima a denunciar cualquier sospecha de maltrato a través del teléfono 062 o en dependencias del Seprona.
