La ordinalidad como principio rector del nuevo modelo
El sistema de financiación autonómica español se encuentra nuevamente en el centro del debate político tras la reciente aprobación parlamentaria de una iniciativa que exige reformas estructurales profundas. La propuesta, centrada en el principio de ordinalidad fiscal, plantea que las comunidades autónomas que más contribuyen al conjunto del Estado deben recibir un retorno proporcional a su aportación, un concepto que desafía el modelo redistributivo actual y que podría transformar radicalmente el equilibrio territorial en España.
El principio de ordinalidad implica que ningún territorio puede quedar por debajo de otro en capacidad de gasto público después de aplicar los mecanismos de nivelación, siempre que su esfuerzo fiscal sea superior. Esta fórmula busca corregir lo que sus defensores consideran una anomalía del sistema actual: que regiones con mayor capacidad recaudatoria terminen con menos recursos disponibles per cápita tras las transferencias redistributivas entre territorios.
Déficit fiscal y desequilibrios territoriales
La cuestión de fondo radica en los persistentes desequilibrios fiscales que caracterizan el modelo de financiación vigente desde 2009. Catalunya, como una de las principales economías del país, genera aproximadamente el 20% del PIB nacional, pero tradicionalmente ha recibido una inversión pública inferior a su peso demográfico y económico. Esta situación ha alimentado un déficit fiscal estructural que, según diversos estudios, oscila entre los 16.000 y 20.000 millones de euros anuales.
El actual sistema establece un fondo de garantía que asegura un nivel mínimo de financiación per cápita, pero no contempla mecanismos que preserven la posición relativa de los territorios más contributivos. Esto genera una paradoja donde las regiones con mayor dinamismo económico ven limitada su capacidad de inversión en infraestructuras, servicios públicos y políticas de competitividad, lo que puede afectar su crecimiento a largo plazo.
Singularidad versus solidaridad interterritorial
La demanda de un modelo «singular» introduce una dimensión adicional al debate, sugiriendo la necesidad de reconocer las particularidades económicas, demográficas y geográficas de cada territorio. Este enfoque diferencial podría incluir variables como la densidad poblacional, los costes de insularidad, la dispersión geográfica o el tejido productivo específico de cada comunidad autónoma.
Sin embargo, esta propuesta genera tensiones con el principio constitucional de solidaridad interterritorial, pilar fundamental del Estado autonómico. La búsqueda del equilibrio entre eficiencia económica y cohesión territorial constituye uno de los principales desafíos de cualquier reforma del sistema de financiación, especialmente en un contexto donde las diferencias de renta per cápita entre comunidades autónomas siguen siendo significativas.
Implicaciones políticas y económicas de la reforma
La implementación de un modelo basado en la ordinalidad fiscal requeriría modificaciones legislativas de gran calado, incluyendo posibles reformas en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y ajustes en los mecanismos de transferencias del Estado. Además, implicaría renegociar los criterios de reparto de los fondos europeos y replantear la arquitectura fiscal del conjunto del país.
Desde una perspectiva económica, los defensores de este modelo argumentan que incentivaría la competitividad y el crecimiento al permitir que los territorios más productivos reinviertan una mayor proporción de sus recursos. Por el contrario, los críticos alertan sobre el riesgo de incrementar las desigualdades territoriales y debilitar los mecanismos de cohesión que han caracterizado el desarrollo del Estado autonómico durante las últimas décadas.
Perspectivas de futuro y consenso político
La viabilidad de esta propuesta dependerá, en gran medida, de la capacidad para generar un amplio consenso político que trascienda los intereses particulares de cada territorio. La experiencia de anteriores intentos de reforma del sistema de financiación demuestra la complejidad técnica y política de este proceso, que requiere equilibrar múltiples variables y satisfacer expectativas a menudo contradictorias. El éxito de cualquier nueva fórmula pasará por su capacidad para combinar eficiencia económica, equidad territorial y estabilidad política, garantizando tanto la sostenibilidad fiscal como la cohesión del conjunto del Estado.
