En un giro que sacude los cimientos del poder socialista, el Tribunal Supremo ha puesto bajo lupa las graves acusaciones de financiación ilegal en el PSOE, con denuncias que apuntan a una red de sobres con dinero en efectivo, mordidas en obras públicas y un «cupo» de control territorial. Justo en la víspera de las declaraciones de testigos clave, el partido de Pedro Sánchez ha reaccionado con un escrito desesperado admitiendo haber repartido 127.000 euros en metálico al equipo de José Luis Ábalos entre 2017 y 2021, en «liquidaciones» controvertidas que no siempre se individualizaron. Pero la bomba no acaba ahí: el empresario Víctor de Aldama, colaborador con la justicia, eleva la cifra a entre 1,5 y 2 millones de euros destinados directamente a las arcas del PSOE, según su testimonio.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destapado una operativa digna de thriller político: sobres con membrete del PSOE repletos de billetes, entregados cada viernes en la sede de Ferraz por el exasesor Koldo García. Las fotos de estos paquetes de «cash» ya circulan en los informes judiciales, y los implicados usaban un código mafioso para referirse al botín: «chistorras» para los de 500 euros, «soles» para los de 200 y «lechugas» para los de 100. Obras públicas subrayadas en documentos entregados por Aldama revelan presuntas comisiones que fluían hacia el partido, bajo el eufemismo de «cupo» para designar zonas de influencia.

En su defensa de última hora, presentada el viernes pero revelada este martes, el PSOE jura que todos los pagos –en efectivo o transferencias– están «debidamente incorporados a la contabilidad». Afirman haber destinado alrededor de un millón de euros en total a gastos en efectivo, y niegan cualquier rastro de billetes de 500 en sus remesas bancarias, aportando listados de ingresos del BBVA para «alejar sospechas». «No existe caja B ni cuenta extracontable», insisten, subrayando que auditores externos y el Tribunal de Cuentas han revisado todo. Incluso admiten que Koldo pudo intervenir en la gestión de estos cobros, pero lo desvinculan de pagos directos a él, Ábalos o Santos Cerdán –este último, mantenido en prisión por el Supremo, que rechazó alegatos de «agravio comparativo» con otros implicados.

Sin embargo, las palabras de Aldama chocan frontalmente: el empresario, que pactó con la Fiscalía Anticorrupción, asegura que Ábalos le confesó las entregas semanales en Ferraz, con el dinero repartido entre cargos. Su confesión inicial incluyó documentos marcando obras públicas como blanco de mordidas, alimentando la hipótesis de una trama que inunda al PSOE de fondos negros. Mientras, Sánchez repite su mantra: todo bajo control tesorero y escrutinio oficial.

El Supremo, inmóvil ante la marea de pruebas, mantiene el caso abierto sin expulsar a partidos políticos. ¿Caerán más máscaras en las declaraciones de mañana? Ferraz tiembla, y la oposición huele sangre: esta no es solo una investigación, es un terremoto que podría derribar al Gobierno.