La Comunidad de Madrid ha aprobado hoy una inversión de 4.950.000 euros para garantizar que los ciudadanos de la región que sean beneficiarios del servicio de justicia gratuita puedan disponer de un procurador, de ser necesario, en sus relaciones con la Administración de Justicia. Se trata de una subvención directa autorizada por el Consejo de Gobierno a favor del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid.
Dicha subvención se destinará a la retribución de las actuaciones profesionales del turno de oficio, tramitación de expedientes de solicitud de asistencia jurídica y sufragar los costes que estos servicios generan para el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid.
Este pago para garantizar la asistencia jurídica gratuita se realiza a través del Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, ya que se trata de la entidad colaboradora para la gestión de la mencionada subvención. A través de esta ayuda, la Comunidad de Madrid protege el derecho fundamental de todas las personas a la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tal y como recoge la Constitución Española.
Esta inversión de 4,9 millones se suma a la dotación aprobada a finales de febrero, también en Consejo de Gobierno, por un total de 37,8 millones para garantizar los pagos de justicia gratuita a los abogados durante el 2021. Se trata de una subvención directa a favor del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH).
La asistencia jurídica gratuita es uno de los pilares de las iniciativas que viene impulsando el Gobierno regional a través de su Consejería de Justicia, Interior y Víctimas para mejorar la calidad de un servicio público esencial como es el de la Administración de Justicia.
A este objetivo también contribuyen las medidas implementadas por la Comunidad de Madrid, desde el inicio de la legislatura, en materia de seguridad laboral de los profesionales de la Justicia en la región, así como la modernización y humanización de las infraestructuras judiciales y el gran impulso a la digitalización en la Administración de Justicia.
