Asociaciones animalistas denuncian heridas, mutilaciones y enfermedades en la mayoría de los felinos callejeros del municipio, mientras el Ayuntamiento guarda silencio ante sus obligaciones legales.
El estado de los gatos callejeros en el municipio conquense de Iniesta es, según han podido constatar este mes de julio diversas asociaciones animalistas, muy alarmante y degradante. Los animales que habitan en las distintas colonias felinas que de forma espontanea han surgido por todo el pueblo, presentan en su mayoría heridas abiertas, enfermedades infecciosas e incluso mutilaciones, sin que exista constancia de ninguna intervención municipal para revertir esta situación.
“Es habitual ver gatos con los ojos infectados, patas rotas o signos de haber sido agredidos”, afirma una de las vecinas de la localidad, que ha solicitado mantenerse en el anonimato por temor a represalias. “Llevamos años intentando establecer un canal de colaboración con el Ayuntamiento, pero la respuesta siempre ha sido el silencio” afirman desde otras asociaciones locales, que este mismo fin de semana acometían una campaña de limpieza y desparasitación de los gatos callejeros que residen en el municipio.
Una ley clara y obligaciones concretas
Desde marzo de 2023 está en vigor la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales (Ley 7/2023), que establece con claridad las obligaciones de los ayuntamientos en relación con las colonias felinas urbanas, entre las que se incluyen la esterilización quirúrgica obligatoria de los gatos callejeros, su identificación mediante microchip, registrados a nombre del consistorio, el diseño e implementación de un programa de control de colonias felinas (CER): captura, esterilización y retorno, la colaboración con entidades acreditadas para la gestión ética de estos animales, o la remisión de informes periódicos a la administración autonómica.
La norma deja claro que estas medidas no son opcionales, sino de obligado cumplimiento para todas las administraciones locales, sin embargo no parece que ninguna haya sido implementada por el ayuntamiento de Iniesta, donde cada verano proliferan las camadas de forma incontrolada, para sufrir el abandono y las inclemencias del duro clima castellano manchego durante el resto del año.
Peticiones ignoradas y falta de transparencia
Varias organizaciones, como la alicantina «HOPE» han remitido a través de sus servicios jurídicos solicitudes formales por el portal de transparencia de la localidad, pidiendo información sobre la existencia de un registro de felinos, la implementación de algún plan de control poblacional o el cumplimiento del microchipado obligatorio, sin que a día de hoy, según denuncian, hayan recibido respuesta alguna.
“La falta de contestación no solo demuestra desinterés, sino que puede suponer una vulneración directa de la ley”, advierte el portavoz jurídico de HOPE. “Cuando una administración conoce sus obligaciones legales y, aun así, no actúa ni responde a las peticiones ciudadanas, sus responsables podrían estar incurriendo en graves responsabilidades administrativa e incluso penales”, y apuntan «de continuar sin respuesta, y sin ver una mejora en las condiciones de los animales, nos planteamos elevar la situación a los organismos superiores de la Junta de Castilla la mancha, y de ser necesario, a los tribunales o a la fiscalía».
¿Responsabilidad política y legal?
La ley prevé sanciones económicas de hasta 200.000 euros en los casos más graves de maltrato o abandono institucional, así como infracciones administrativas por omisión de funciones públicas. Si se llegara a demostrar que los responsables políticos tienen pleno conocimiento de la normativa y eligen conscientemente no aplicarla, podrían estar incurriendo en los delitos de maltrato animal por omisión (Art.340 bis del Código Penal) o en n los graves delitos de prevaricación administrativa y/o abandono de funciones públicas, recogidos en los artículos 404 y 409 del Código Penal .
Mientras tanto, los gatos callejeros de Iniesta continúan sufriendo en las calles, sin acceso a atención veterinaria, alimentos seguros ni espacios protegidos. Y lo hacen, según apuntan las entidades protectoras, en un contexto de abandono institucional sistemático que podría costarles la vida a muchos de ellos. «Solo queremos que estos animales puedan vivir con dignidad» Aseguran sus portavoces.
