¡El reloj de la jubilación avanza dos meses más para miles de trabajadores españoles con carreras precarias! La Seguridad Social ha confirmado los cambios normativos que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, derivados de la reforma de pensiones de 2011 (Ley 27/2011), y que retrasan la edad ordinaria de jubilación para quienes no alcancen los 38 años y tres meses de cotización: de 66 años y 8 meses en 2025, pasa a 66 años y 10 meses. ¡Imagina: un vendedor con 37 años cotizados que soñaba con colgar los guantes a los 66 y pico, ahora deberá aguantar dos meses extra en la brecha laboral! Esta medida, pensada para apuntalar la sostenibilidad del sistema durante la crisis financiera, afecta directamente a la jubilación anticipada voluntaria e involuntaria, obligando a un adelanto máximo de dos o cuatro años que se acorta proporcionalmente. Con un parque de pensionistas que crece un 2% anual y cotizaciones que no dan abasto, el Gobierno clama por «equidad intergeneracional», pero sindicatos como CCOO rugen: «¡Es un parche que castiga a los más vulnerables en un mercado laboral que no perdona!» ¿Salvará las arcas públicas, o agravará la brecha de los precarios?
La reforma, que se aplica de forma progresiva desde 2013 hasta 2027, establece dos edades diferenciadas según los años cotizados: quienes superen los 38 años y tres meses se jubilarán a los 65 años, mientras que el resto –la mayoría de los precarios, mujeres con carreras interrumpidas y autónomos irregulares– deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses en 2026. «El objetivo es equilibrar el sistema, retrasando la salida para aquellos con menos aportes», explica el Ministerio de Inclusión, recordando que la Ley General de la Seguridad Social (disposición transitoria séptima) ya lo preveía. El impacto es un mazazo silencioso: para la jubilación anticipada voluntaria, se adelanta dos años (a 63 si cumples cotizaciones, o a 64 y 10 meses si no); para la involuntaria, cuatro años (a 61 o 62 y 10 meses). ¡Ejemplo concreto: un trabajador de 65 años y 9 meses con 37 años cotizados en diciembre de 2025 podría jubilarse ya; en 2026, deberá rascar dos meses más, perdiendo unos 1.500 euros en pensiones mensuales!
Las razones detrás de este ajuste son un eco de la crisis de 2011: con el ratio de cotizantes por pensionista cayendo al 2,2 (frente a 2,5 en 2008), el retraso busca alargar la vida laboral y engordar las cotizaciones, asegurando que el sistema no colapse bajo el peso demográfico. «Es una medida de equidad: quienes cotizan menos, salen más tarde», defiende el Gobierno, pero críticos como UGT lo ven como «castigo a la precariedad femenina y juvenil». Mujeres (con carreras interrumpidas por maternidad) y autónomos (solo el 25% cotiza a tiempo completo) son los más golpeados, con un 15% de afectados que verán retrasada su jubilación en dos meses. El impacto estimado? Miles de precarios –alrededor de 500.000 en 2026– que deberán posponer planes de retiro, agravando la brecha generacional en un país donde la edad media de jubilación ya ronda los 65 años y 4 meses.
Esta no es solo una norma; es un pulso por el futuro de las pensiones en una España envejecida, donde el 25% de la población supera los 65 años. ¿Basta con retrasos, o urge un pacto por cotizaciones dignas? En Agencia6, el reloj laboral late con esta subida que no avisa: ¡dos meses que pesan como años! ¿Te afecta? Comparte en comentarios y síguenos para más ajustes que cambian planes – porque la jubilación no es un lujo; es un derecho ganado gota a gota.
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