El sindicato mayoritario de técnicos de Hacienda, Gestha, ha convocado una huelga indefinida para el próximo 26 de noviembre, la primera en 17 años desde 2008, en un pulso directo al Ministerio dirigido por María Jesús Montero. Este colectivo de unos 8.500 funcionarios —el más numeroso de la Agencia Tributaria (AEAT)— denuncia la «falta crónica de medios» que está lastrando la lucha contra el fraude fiscal y el control del gasto público, con una movilización complementaria en Madrid para visibilizar sus demandas.
Según Gestha, la ausencia de una carrera profesional adecuada al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) está provocando una «pérdida masiva de recursos» que debilita la estructura administrativa. Esto, afirman, perjudica directamente a los contribuyentes cumplidores y a los servicios públicos financiados por impuestos, al tiempo que favorece un control «débil» sobre los grandes evasores mientras se intensifica la fiscalización sobre pymes, autónomos y particulares.
Prueba de esta ineficacia: desde 2011, las denuncias por delitos fiscales han caído un 82% en España, un desplome que Gestha atribuye a la desmotivación de las plantillas y a la falta de especialización en equipos clave. «Reconocer la experiencia y los resultados de los técnicos es básico para que los grandes defraudadores sientan el riesgo real de ser descubiertos», subrayan en su manifiesto.
Las tres demandas clave del colectivo
Gestha, que representa al 80% de los funcionarios del grupo A con competencias en investigación de fraude fiscal y aduanero, y al 91% en la Intervención General del Estado para el control de gasto y subvenciones, centra sus protestas en tres ejes principales:
- Carrera profesional ajustada al EBEP: Exigen un nuevo acuerdo que evite la «pérdida de recursos» y refuerce la capacidad antifraude de la AEAT y el Ministerio de Hacienda. Esto incluye saldar la «deuda histórica» con los técnicos, cumpliendo una disposición pendiente desde la Ley de Prevención del Fraude Fiscal de 2006, que obliga a desarrollar su carrera y reconocer su «labor compleja y de alta responsabilidad».
- Movilidad geográfica y funcional: Alrededor de 1.200 técnicos desean trasladarse cerca de sus familias, pero el sistema actual prioriza a los recién opositores por promoción interna sobre los veteranos con más antigüedad y méritos. Esto genera «plantillas desmotivadas, vacantes en zonas de alta economía sumergida y rotación que impide la especialización», advierten. «La Administración coloca técnicos donde salen los administrativos, no donde se necesitan», critica el sindicato.
- Reconocimiento salarial y competencial: Los técnicos, encargados de embargos, inspecciones, liquidaciones, sanciones y pericias judiciales, reclaman ascenso a la categoría A1 (o eliminar la distinción A1-A2), complementos específicos más altos —actualmente «solapados» con los de grupos C y lejos de los inspectores de grupo A— y la devolución de competencias arrebatadas. «Nuestra labor equivale a la de inspectores, pero sin el estatus ni los incentivos», denuncian.
Impacto en la lucha antifraude y el control del gasto
Los técnicos de Hacienda son mayoría en Tribunales Económico-Administrativos, Catastro y otros centros directivos del Ministerio, por lo que esta huelga podría paralizar inspecciones clave y el cobro de deudas. Gestha insiste en que el «bloqueo» actual no solo desmoraliza al colectivo, sino que agrava la desigualdad en la fiscalización: «Más presión a los pequeños y ciegos ante los grandes evasores». El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, califica la convocatoria de «histórica» y urge al Gobierno de Pedro Sánchez a actuar para evitar un «deterioro irreversible» del servicio público.
La movilización del 26N se enmarca en una escalada de tensiones con el Ejecutivo, que ya ha visto críticas de Gestha por recortes en recursos. Fuentes del Ministerio de Hacienda no han respondido aún a las demandas, pero el paro podría extenderse si no hay avances en la negociación.
