- La Abogacía del Estado debería tomar nota de la contundencia de la Fiscalía. Una cosa es poder gobernar con ERC como aliado, y otra que Sánchez fuerce a las instituciones a retorcer el marco constitucional con tal de ser investido
ERC pidió al Gobierno un gesto como contrapartida a su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez y lo va a tener. La Abogacía del Estado ultima un escrito en el que pide al Tribunal Supremo al menos que libere al exvicepresidente Oriol Junqueras para que pueda tomar posesión de su escaño como eurodiputado. Responderá así al trámite de informe que ha solicitado el tribunal del «procés» a las partes tras la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el pasado jueves estableció que el líder de ERC tenía inmunidad desde el momento en el que fue proclamado diputado electo sin que fuera necesario formalizar esta condición de forma presencial, trámite que el Supremo le negó.
Fuentes conocedoras del escrito que van a presentar los servicios jurídicos del Estado ante la Sala Penal no descartan que se dé un paso más y que la petición de excarcelación de Junqueras no se limite a un permiso en cuestión para recoger su acta, sino a que espere el pronunciamiento del Parlamento Europeo sobre su inmunidad en libertad, lo que podría traducirse ya en varios meses fuera de la cárcel. No obstante, las fuentes consultadas se inclinan más por la primera de las opciones. La última palabra la tiene el Tribunal Supremo, como la va a tener también sobre el alcance de la inmunidad de los huidos Carles Puigdemont y Antoni Comín.
«Por si acaso»
A la espera de que se formalice o no ese guiño al soberanismo, la Mesa del Congreso aprobó ayer habilitar los días 28, 29 y 30 de diciembre (sábado, domingo y lunes) preventivamente para garantizar que pueda celebrarse el pleno de investidura en caso de que ERC se dé por satisfecha. Fuentes del órgano de gobierno de la Cámara explicaron ayer que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, todavía no ha recibido señales por parte del candidato Pedro Sánchez de que la investidura pueda producirse antes de enero. «Es por si acaso», expresan.
Las mismas fuentes explicaron que la «reserva» de las tres jornadas por parte de la Mesa es necesaria porque a pesar de que es diciembre (periodo hábil en términos parlamentarios) se necesita el permiso del órgano al caer en fin de semana. En caso de que la investidura se celebrase finalmente en enero (entonces periodo inhábil) no sería necesario dicho trámite porque quedaría dentro de las competencias de Batet, como se refleja en el Reglamento.
No obstante, fuentes parlamentarias insistieron ayer que el PSOE está trabajando para que se celebre cuanto antes. El plan es que el debate sea el viernes 27, la primera votación el sábado 28 y la segunda el lunes 30.
A falta de unos «flecos»
A la espera de que la Abogacía del Estado presente su escrito ante el Supremo, desde ERC ya advirtieron ayer de que no tendría sentido que una decisión del TJUE sobre la situación de Junqueras «sirva para todos menos para el propio Junqueras». De esta manera, Marta Vilalta, portavoz del partido que lidera Junqueras desde la prisión de Lledoners, envió un mensaje directo al PSOE, partido con el que está a punto de cerrar un acuerdo de investidura –solo quedan unos «flecos», aseguró Vilalta– para que tome nota.
En este sentido, Vilalta reconoció, en rueda de prensa, que los contactos con el PSOE se habían reanudado y que en ERC estaban a la espera de la posición de los servicios jurídicos del Estado para intensificarlos.
Por su parte, Meritxell Budó (JpC), portavoz de la Generalitat, exigió al Gobierno la puesta en libertad de los presos por el «procés», y más en fechas como las festivas de Navidad. En esta línea, Budó no descartó «algún cambio» en el grado penitenciario concedido a los condenados –en prisiones catalanas–, en aplicación de la sentencia del TJUE, en su opinión. De confirmarse los términos en los que la Abogacía del Estado está ultimando su escrito, el órgano que dirige Consuelo Castro no tendría que retorcer los argumentos que esgrimió en junio cuando informó a favor del permiso a Junqueras para completar los trámites como eurodiputado ante la Junta Electoral en el Congreso.
La Abogacía recordó entonces que es a este órgano a quien corresponde valorar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el derecho español que puede afectar a los candidatos electos «y singularmente los efectos del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», el que permitió la suspensión de los entonces procesados por rebelión mientras estaban en prisión preventiva.
Participación política
En su escrito al tribunal del «procés», pidió que el traslado de Junqueras a la Cámara Baja (donde acudieron todos los europarlamentarios electos) se hiciera en las mismas condiciones de custodia y con las mismas limitaciones que el día en el que se constituyeron el Congreso y el Senado (un mes antes).
La Abogacía justificó su postura en que debía autorizarse su salida de prisión para jurar o prometer la Constitución ante la Junta Electoral Central para «no menoscabar la titularidad del derecho de participación política» del exvicepresidente de la Generalitat y hacer posible la práctica de los actos indispensables para la adquisición de la condición de miembro del Parlamento Europeo.
Además, solicitó que se enviara a este órgano (la Junta Electoral) el auto de conclusión del sumario de la causa del «procés» y la comunicación de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la que se declaró a Junqueras automáticamente suspendido como diputado.
Respecto a la inmunidad, los servicios jurídicos del Estado, que representaba en el juicio del «procés» Rosa Seoane, admitían que «la extensión y alcance del régimen de las inmunidades de los parlamentarios europeos se remite al derecho nacional de cada uno de los parlamentarios». «Vendrán determinados por la extensión que les reconoce el derecho español», reconocía en su escrito. Pese a la contundencia de sus argumentos, en la vista de Junqueras en Luxemburgo, la Abogacía el Estado se posicionó del lado de la Fiscalía y del Parlamento europeo.
Como ahora, el criterio de la Abogacía del Estado ya chocó en junio con el que mantuvo la Fiscalía, que rechazó la concesión de este permiso a Junqueras advirtiendo que la obtención de la condición de europarlamentario, obligaría a pedir un suplicatorio a la cámara europea para poder seguir avanzando en el procedimiento, lo que causaría «interferencias absolutamente irrazonables» en el procedimiento judicial, que quedó visto para sentencia dos días después.
Una condena ya firme
La Fiscalía argumentó que cuando Junqueras fue elegido diputado nacional en las elecciones de abril no fue necesario solicitar el suplicatorio al Congreso porque ese trámite sólo es exigible en los momentos previos a la inculpación o el procesamiento, pero que, de acuerdo con el reglamento interno de la Eurocámara, ahora sí que habría que dar ese paso en el Parlamento comunitario para retirarle la inmunidad.
En sus argumentos, en el traslado que ha dado el Supremo a las partes tras la sentencia del TJUE, los fiscales zanjan el asunto señalando que Junqueras «no está actualmente sujeto a medida cautelar alguna sino ejecutoriamente condenado», lo que hace innecesario pedir suplicatorio alguno pues de ninguna forma el líder de ERC puede desempeñar su cargo.
