Pasados los durísimos días de «guerrilla urbana» en Cataluña, sobre todo en Barcelona, los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil han puesto en marcha la segunda fase del dispositivo contra el «levantamiento de una parte de la sociedad catalana y sus líderes políticos contra el Estado», en palabras de altos mandos de los Cuerpos de Seguridad. Desde el lunes, tras la oleada de disturbios, se han reforzado las investigaciones para identificar a los vándalos. Habrá decenas de detenidos en los próximos meses, auguran las fuentes consultadas. Y se agilizarán los trámites administrativos para imponer multas de hasta 600 euros a cientos de individuos denunciados.
Pese a la violencia organizada de los radicales; a sus técnicas de guerrilla urbana y al gran número de individuos que participaron en los incidentes, en todo momento «se consiguió tener la situación controlada», añaden las mismas fuentes, que admiten que el momento más delicado fue cuando decidieron usar la «tanqueta» (vehículo de los Mossos dotado de un cañón de agua), que fue de gran utilidad. Era la primera vez los Mossos usaban este vehículo, comprado en 1994, y que la Generalitat trató de vender varias veces. En esta ocasión tuvo que activarse. Fue en el entorno de la Plaza Urquinaona de Barcelona el viernes 18 de octubre, el día en que los vándalos redoblaron su desafío. Los más graves en los 25 años de historia de los Mossos, según admitió el consejero de Interior, Miquel Buch. El uso de este vehículo implica importantes riesgos para la integridad manifestantes, pero aquel viernes los Mossos se vieron obligados a recurrir a él, con la preocupacón de que algún accidente provocase daños irreparables. La fiereza de los ataques, con el riesgo de que los radicales se hicieran con el control de la calle, no les daba otra opción, según los Mossos. Y acertaron con esta arriesgada decisión, pues en los momentos puntuales en se usó se disperó de inmediato a los radicales, sin causarles daños físicos.
La labor policial no finaliza con la vuelta a una relativa normalidad en las calles, a la espera de si el secesionismo radical retoma este fin de semana la deriva vandálica en las manifestaciones convocadas. Por el momento, para abrir boca, ayer los CDR ocuparon el Ayuntamiento de Gerona.
La primera línea de actuación policial es identificar a los cientos de encapuchados que actuaron. Ayer, el Gobierno cuantificó en más de 200 los detenidos —entre ellos, 15 menores—, de los que 31 han ingresado en prisión. Hay algunas detenciones significativas. Por ejemplo, ya está en prisión la joven que supuestamente coordinó el asedio del Aeropuerto de El Prat. Una acción convocada por Tsunami Democràtic, un movimiento que algunas fuentes sitúan cerca de Quim Torra y Carles Puigdemont, y que investiga la Audiencia Nacional. También apresaron al individuo de Igualada que lanzó un cohete pirotécnico a un helicópetero de los Mossos. Fue detenido por tentativa de homicidio, pero quedó en libertad con cargos, imputado por desórdenes y atentado contra la autoridad. Es un histórico de las marchas separatistas que acaban con altercados: está imputado por golpear a un policía en septiembre de 2018 tras una manifestación convocada por la asociación de policías nacionales y guardias civiles Jusapol.
En esta ocasión, según explicaron a ABC fuentes de los Mossos, la policía científica lo ha identificado no por imágenes, sino por las huellas dactilares que había dejado en el tubo del cohete. «Cuando se culminen las investigaciones muchos se llevarán las manos a la cabeza por las implicaciones que hay», explican fuentes policiales. Eso, sin contar con que en los próximos meses se seguirá deteniendo a participantes de las algaradas. «Disponemos de muy buena información. Es cuestión de tiempo».
La segunda línea de trabajo no es menos interesante. La semana pasada los Mossos y la Policía identificaron a muchas personas que participaron en los disturbios e intervinieron material susceptible de ser usado en ellos. Sólo aquel sábado, en el filtro que se hizo a los que asistían a la concentración convocada ese día en la Plaza Urquinaona. se denunció a 300 individuos. Tanto éstos, como los muchos denunciados antes y después recibirán pronto en casa una multa de hasta 600 euros, que en el caso de ser menores de deberán pagar sus padres.
Algunos criticaron los primeros días que los detenidos eran pocos ante la gravedad acontecimentos. Pero los agentes estaban tranquilos. «Los tenemos fichados; hay multitud de imágenes para cazarlos», explican fuentes de los Mossos. «Lo fundamental era controlar la calle; responder a los ataques y no ser desbordados por los vándalos», añaden. Sobre el terreno, tanto Mossos como Policía tenían decenas de agentes de información que detectaban a los cabecillas y a los más violentos; los fotografiaban si era posible y los seguían para ver cómo regresaban a sus casas o dónde se reunían con otros como ellos.
Esta labor, de la que se encargaron los Mossos principalmente, resulta útil para las identificaciones. Muchos fueron reconocidos por los agentes que se mezclaban entre los alborotadores. También controlaron el transporte público, pues muchos de los jóvenes radicales procedían de distintas comarcas. Los detectaban para su posterior identificación. Las imágenes que captaron los helicópteros y las furgonetas policiales también servirán para identificar a los alborotadores. Y es que muchos de los radicales, que todavía piensan que no han sido detectados, irán cayendo durante los próximos meses, en un goteo constante, en manos de la policía.
