La presión inflacionaria de los últimos años ha reavivado un debate recurrente en la política fiscal española: la necesidad de ajustar las tablas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para evitar que los contribuyentes soporten una carga tributaria mayor sin que sus ingresos reales hayan aumentado. Esta medida, conocida como deflactación, se presenta como una solución inmediata al empobrecimiento de las familias, pero plantea interrogantes sobre si realmente aborda el núcleo del problema económico.
El espejismo de la solución fiscal
Cuando los precios suben y los salarios no acompañan ese incremento en la misma proporción, los ciudadanos experimentan una pérdida de poder adquisitivo que se ve agravada por el sistema tributario progresivo. Los tramos del IRPF, al no actualizarse automáticamente con la inflación, provocan que muchos contribuyentes paguen proporcionalmente más impuestos sin haber mejorado su situación económica real. Este fenómeno, conocido como «progresión en frío», genera una sensación legítima de injusticia fiscal.
Sin embargo, la deflactación del IRPF actúa como un analgésico que alivia temporalmente el dolor sin curar la enfermedad. Reducir la presión fiscal puede proporcionar un respiro a corto plazo a las familias, pero no resuelve los factores estructurales que están impulsando el encarecimiento de bienes y servicios básicos como la vivienda, la energía o los alimentos.
Las verdaderas raíces del problema inflacionario
La inflación actual responde a múltiples causas que van más allá de la política monetaria tradicional. Los cuellos de botella en las cadenas de suministro, la concentración empresarial en sectores estratégicos, la especulación en mercados de materias primas y la falta de competencia efectiva en algunos sectores son elementos que requieren intervenciones específicas y estructurales.
En el caso español, sectores como la energía o la vivienda muestran disfunciones de mercado evidentes que no se solucionan con rebajas fiscales. La escasez de vivienda asequible, por ejemplo, necesita políticas de suelo, construcción de vivienda pública y regulación del mercado de alquiler. Reducir impuestos sin abordar estos aspectos puede incluso resultar contraproducente, al inyectar más liquidez en mercados ya sobrecalentados.
Los riesgos de la política fiscal expansiva
La deflactación del IRPF implica una reducción de ingresos públicos en un momento en que el Estado necesita recursos para abordar los desafíos estructurales de la economía. Esta pérdida de capacidad fiscal puede limitar la inversión pública en infraestructuras, educación, sanidad o políticas sociales que, paradójicamente, podrían tener un impacto más duradero en el bienestar ciudadano que una rebaja temporal de impuestos.
Además, en un contexto inflacionario, las medidas que aumentan la renta disponible de los hogares pueden alimentar la propia espiral de precios si no van acompañadas de un incremento equivalente en la oferta de bienes y servicios. El resultado puede ser una mejora ilusoria del poder adquisitivo que se diluye rápidamente en nuevas subidas de precios.
Hacia un enfoque integral de la política económica
La respuesta eficaz a la crisis del poder adquisitivo requiere una estrategia multidimensional que combine políticas fiscales selectivas con intervenciones directas en los mercados disfuncionales. En lugar de rebajas generalizadas de impuestos, resultarían más efectivas medidas como la regulación de precios en sectores oligopolísticos, el fomento de la competencia, la inversión en capacidad productiva nacional o el desarrollo de alternativas públicas en servicios esenciales.
El debate sobre el IRPF, aunque comprensible desde la perspectiva del alivio inmediato, puede convertirse en una cortina de humo que impida abordar las transformaciones estructurales que la economía española necesita para garantizar un crecimiento sostenible e inclusivo. La verdadera protección del poder adquisitivo pasa por construir una economía más resiliente, competitiva y equitativa.
