¡Un rescate aéreo que se transforma en un laberinto de blanqueo transfronterizo y devora la confianza en las ayudas públicas! La Fiscalía Anticorrupción ha irrumpido con una pesquisa demoledora que apunta a Plus Ultra Líneas Aéreas: los 53 millones de euros aprobados por el Gobierno en marzo de 2021 –un salvavidas estatal para la aerolínea «estratégica» post-pandemia– podrían haber sido desviados para saldar deudas con una red criminal venezolana implicada en malversaciones millonarias, ventas ilícitas de oro y desvíos de fondos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). ¡Registros exprés en Madrid, Pozuelo, Tenerife y Mallorca el 11 de diciembre, con el presidente Julio Martínez y el CEO Roberto Roselli detenidos en un golpe que une España, Francia y Suiza en una cacería judicial! Mientras el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid lidera bajo secreto de sumario, la UDEF desentraña un flujo de 30 millones en oro a Emiratos y Panamá, un escándalo que no solo cuestiona la «estratégica» etiqueta de Plus Ultra; podría reescribir la historia de rescates estatales en un Gobierno que prometía regeneración ética.
La trama, un thriller de sombras financieras que cruza océanos, estalló con una denuncia de Anticorrupción en octubre de 2024, reactivada tras un archivo provisional por error procesal. «Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de contratos de préstamos con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro», detalla la Fiscalía, dirigida por Alejandro Luzón, que ve en el rescate un «uso indebido» para blanquear fondos opacos venezolanos. El dinero estatal, inyectado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), habría servido para liquidar créditos previos con entidades ligadas a malversaciones en CLAP –programa de subsidios alimentarios chavista– y extracciones ilegales de oro, con transferencias a cuentas en Panamá y compras de relojes de lujo como posible lavado. Francia (Parquet National Financier) y Suiza (Fiscalía de Ginebra) ya cooperan, solicitando registros en España que han precipitado la redada del 11 de diciembre.
Martínez y Roselli, esposados en la sede de Plus Ultra en Madrid, no son los únicos en la mira: la denuncia inicial de octubre de 2024 apunta a tres peruanos, dos venezolanos, un holandés y al menos un abogado español como miembros de la red criminal. «La sociedad Plus Ultra se benefició del rescate para devolver dinero adeudado a la organización», concluye la Fiscalía, que estima un fraude al Estado por encima de los 53 millones. La Audiencia Nacional rechazó competencia por no afectar a múltiples autonomías, derivando al juzgado madrileño de Esperanza Collazos, que ahora lidera con diligencias bajo secreto. Plus Ultra, que operaba rutas a Venezuela y América Latina, niega todo: «No hay desvío; el rescate se usó para reflotar la compañía», defiende un portavoz, pero la UDEF ya ha incautado documentos que podrían desmontar la coartada.
El origen de esta pesadilla es un rescate controvertido: en marzo de 2021, el Consejo de Ministros aprobó los 53 millones pese a indicios de insolvencia desde 2019, calificada como «estratégica» por su rol en conexiones con Venezuela. Ahora, con detenciones y registros, el caso podría salpicar al PSOE –que impulsó el salvavidas– y abrir piezas por defraudación al Estado. Fuentes judiciales susurran: «La conexión venezolana es clave; el oro ilícito fluyó a Europa vía Plus Ultra». La oposición clama por dimisiones: Feijóo (PP): «Sánchez y sus rescates, un pozo de corrupción». Sumar exige «investigación inmediata».
Esta no es solo una investigación; es un terremoto que cuestiona rescates estatales en tiempos de crisis. ¿Salvará Plus Ultra su licencia, o el blanqueo venezolano la hunde? En Agencia6, el pulso aéreo late con esta desvío que quema: ¡de salvavidas a lavadora criminal! Sigue los registros en nuestras redes – porque cuando el dinero público vuela, la justicia aterriza con fuerza.
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