En un fallo histórico que sacude los cimientos del poder judicial español, el Tribunal Supremo ha condenado hoy al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. La sentencia, adelantada este jueves por amplia mayoría, impone una inhabilitación especial de dos años para el cargo, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a la víctima: Alberto González Amador, empresario y pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Los hechos se remontan a marzo de 2024, cuando se filtraron datos altamente sensibles sobre González Amador. Entre el 13 y el 14 de ese mes, un correo electrónico confidencial –en el que el empresario confesaba posibles delitos contra la Hacienda Pública– y una nota de prensa interna sobre negociaciones de conformidad entre su defensa y la Fiscalía terminaron en manos de medios de comunicación. Estas revelaciones generaron un torbellino político y tensiones internas en la institución fiscal, exacerbadas por el uso de la jerarquía por parte de García Ortiz para presionar a subordinados, tal como se reveló en el juicio: «Si no nos van a ganar el relato», habría dicho el fiscal general en un contexto de crisis comunicativa.
Tras ser investigado, García Ortiz tomó medidas drásticas: borró el contenido de su teléfono móvil, cambió de terminal y eliminó su cuenta de correo personal, acciones que el Supremo interpretó como intentos de obstrucción. El tribunal, presidido por Andrés Martínez Arrieta y con votos a favor de figuras como Manuel Marchena y Carmen Lamela, absolvió al acusado de otros cargos solicitados por acusaciones populares, como prevaricación, pero dejó claro que «nadie está por encima de la ley».
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que actuó como acusación particular, celebró el veredicto como un «refuerzo de los principios esenciales del Estado de Derecho». «Este fallo protege la inviolabilidad del derecho de defensa, el respeto al secreto profesional y la lealtad procesal», afirmaron desde la institución en un comunicado. Dos magistradas, Ana Ferrer y Susana Polo, emitieron votos particulares disidentes, aunque el grueso de la sala respaldó la condena.
El juicio oral, que se prolongó durante dos semanas en noviembre de 2024, expuso las grietas en la Fiscalía: implicados como la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, o el jefe de prensa Iñigo Corral, aunque solo García Ortiz resultó condenado. La sentencia es firme y se notificará en breve, lo que acelera el relevo en la Fiscalía General. Fuentes gubernamentales indican que el Consejo de Ministros nombrará un sucesor provisional en los próximos días, en medio de un clima de máxima tensión política.
Este caso no solo marca un precedente inédito contra un alto cargo del Estado, sino que reaviva el debate sobre la independencia judicial en España. González Amador, cuya relación con Ayuso ha sido un foco de atención mediática, recibe así una reparación simbólica, pero el daño a la credibilidad de las instituciones podría tardar años en sanar. Agencia6 sigue de cerca los desarrollos en este escándalo que podría tener ramificaciones en el Ejecutivo.
