Los fondos de inversión afectados por los recortes retroactivos a las primas de energías renovables han dado un paso decisivo en Estados Unidos: han solicitado al Tribunal Federal del Distrito de Columbia información detallada sobre bienes, cuentas y activos del Reino de España en territorio estadounidense, incluyendo datos de empresas públicas como la SEPI, Renfe y Paradores. El objetivo es identificar propiedades embargables para ejecutar los laudos arbitrales internacionales que condenan a España al pago de 1.754,7 millones de euros.
El despacho King & Spalding, que representa a estos inversores, ha presentado las primeras solicitudes formales de descubrimiento post-sentencia (discovery), un mecanismo legal que obliga a España a revelar en 30 días:
- Cuentas bancarias y activos financieros en EE.UU.
- Contratos y propiedades vinculadas al Estado.
- Información detallada sobre entidades públicas como SEPI, Renfe, Paradores, Instituto Cervantes, Enaire e Ineco.
Esta acción se enmarca en el proceso para hacer efectivos los fallos del CIADI (Banco Mundial) y otros tribunales arbitrales, que ya han sido reconocidos por cortes estadounidenses. En las últimas semanas, se han emitido siete sentencias contra España por un total de 688,4 millones de euros, entre ellas:
- NextEra: 290,6 millones
- Infrastructure Services/Antin: 125,1 millones
- Watkins: 79,5 millones
- RREEF: 74 millones
- 9Ren: 44 millones
- Cube: 40,2 millones
- InfraRed: 35 millones
La mayoría de estos casos están ligados al fondo Blasket Renewables. La deuda total acumulada asciende a 2.180 millones de euros, incluyendo intereses de demora y costas.
España mantiene que los laudos son incompatibles con el derecho europeo y ha recurrido varias sentencias, pero los tribunales de EE.UU. están avanzando en su ejecución. Los fondos, paralelamente, han contratado consultoras especializadas en rastreo de activos soberanos para localizar propiedades embargables.
El Gobierno español, a través del Ministerio de Justicia, ya prepara su respuesta oficial al tribunal de Columbia. Fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que «se defenderá la inmunidad de los activos públicos esenciales», pero reconocen la presión creciente: EE.UU. es el principal escenario de batalla legal para estos acreedores.
El conflicto, que lleva más de una década, pone en jaque no solo las arcas públicas, sino la credibilidad internacional de España en materia de seguridad jurídica para inversiones extranjeras. Mientras tanto, los fondos aprietan: o se paga, o se embarga.
