Con solo diez meses por delante hasta el vencimiento del plazo en agosto de 2026, el Gobierno español ha ejecutado apenas el 6,6% de los fondos europeos asignados al ámbito de la vivienda en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Esta cifra alarmante se enmarca en un contexto de ejecución global del 32,9% de los 163.014 millones de euros totales hasta mayo, muy por debajo de la media europea del 49%, lo que obliga a desplegar casi 110.000 millones en tiempo récord sin posibilidad de prórroga, según ha advertido la Comisión Europea.
El Grupo Popular en el Senado ha presentado una moción para su debate en el Pleno del 19 de noviembre, denunciando la «baja ejecución y gestión» de estos recursos, que pone en riesgo inversiones clave en innovación, industria, vivienda, digitalización y empleo. En el Ministerio de Vivienda, la movilización no supera el 10% en varios programas, dejando a miles de jóvenes y familias sin acceso a una vivienda digna, según el CIS, que identifica este como el principal problema nacional, especialmente para las nuevas generaciones.
Datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) revelan que en 2024, Vivienda utilizó solo el 14% de sus 3.168 millones asignados, el peor registro entre ministerios, con apenas 459 millones gastados. Este año, hasta septiembre, se ha ejecutado el 96,3% de lo presupuestado para 2025 —3.671 millones—, pero el ritmo acumulado sigue rezagado, con un 7,8% en el primer semestre. En rehabilitación residencial, un pilar clave con 3.420 millones para mejorar eficiencia energética (financiando hasta el 80% de proyectos con ahorros mínimos del 30%), el desbloqueo se atasca en comunidades autónomas y trámites burocráticos, con solo el 40% transferido a usuarios según Caixabank Research, pese a que el Ministerio afirma haber desembolsado el 80%.
El PP critica la opacidad —sin datos mensuales completos desde agosto de 2021— y la plataforma Elisa, que refleja adjudicaciones no materializadas. Propone evitar el desvío a gasto corriente, fomentar inversión privada vía cofinanciación y alianzas público-privadas, y exigir informes detallados en Cortes. «No falta dinero, falta gestión», resume la portavoz popular Alicia García, alertando de una «oportunidad perdida» para España.
Mientras, el Gobierno extiende ventajas fiscales para rehabilitación hasta 2026 y mantiene ayudas como deducciones IRPF del 20-60% por eficiencia energética, bonos alquiler joven y programas autonómicos. Sin embargo, con el parque de vivienda social en el 2,5% (frente al 9% europeo), expertos urgen acelerar para no perder los fondos y abordar la demanda de tres millones de unidades en 15 años.
