Una familia humilde se enfrenta a la peor pesadilla imaginable: el desahucio inminente de su hogar, con seis niños de entre 3 y 14 años en riesgo de ser arrancados de sus padres y enviados a un centro de menores. ¿El culpable? Un juzgado que, en un fallo que clama al cielo, ha rechazado reconocer su extrema vulnerabilidad, priorizando tecnicismos sobre el sufrimiento humano. Esta historia de lucha, pérdida y desesperación pone al descubierto las grietas de un sistema que abandona a los más débiles en plena crisis habitacional.
Moisés Macías y su esposa, un matrimonio que ha dado todo por sus hijos, compraron su modesta vivienda en 2006 con ilusiones y sudor. Durante 14 años ininterrumpidos, cumplieron religiosamente con la hipoteca, construyendo un futuro para su prole numerosa. Pero la vida, cruel e impredecible, les tendió una trampa mortal: él sufrió una incapacidad absoluta que lo dejó postrado, y ella perdió su empleo justo antes de que la pandemia azotara como un huracán en 2020. Las restricciones sanitarias cerraron puertas laborales, y con ingresos reducidos a una pensión mínima y un subsidio de paro efímero, la familia se hundió en la oscuridad financiera. Dejaron de pagar el crédito, no por capricho, sino por supervivencia pura.
Hoy, Moisés –un hombre de voluntad de hierro– ha sacrificado su pensión completa para volver al ruedo como reponedor en un supermercado, cobrando apenas el salario mínimo interprofesional. «Es lo único que nos queda para no rendirnos», confiesa con voz quebrada. Su esposa, aún en la búsqueda infructuosa de un puesto estable, cuida de los pequeños mientras el fantasma del desalojo acecha. Pero el banco, astuto depredador, vendió su deuda a un fondo buitre que ahora exige el 86% del valor original de la casa –¡ignorando por completo los 14 años de pagos fieles!–. Un robo disfrazado de legalidad que deja a la familia en la ruina absoluta.
El pasado 9 de septiembre, el desahucio estaba a punto de consumarse, pero un recurso heroico de la abogada Isabel Saavedra, de la plataforma Derecho al Techo de Canarias, lo paralizó temporalmente. «¡No podemos permitir esta injusticia!», clamó Saavedra en una rueda de prensa improvisada, con lágrimas en los ojos. Argumentó con pasión que, en un archipiélago donde los alquileres se disparan a 800, 900 o 1.000 euros mensuales –precios obscenos para un paraíso turístico–, un salario mínimo es una burla para una familia de ocho. «¿Cómo se come, se educa y se abriga a seis hijos con eso? ¡Es una condena a la miseria!», denunció, cuestionando el criterio del juez, quien desestimó el recurso por considerar que «el padre trabaja, ergo no es vulnerable». Un razonamiento helado que ignora la realidad canaria: la pobreza infantil en auge y la burbuja inmobiliaria que devora sueños.
Ahora, el mazazo final: el tribunal ha fijado el lanzamiento para este jueves 13 de noviembre. Si no se resuelve un nuevo recurso de urgencia, la familia será echada a la calle, y lo más terrorífico: los niños podrían ser separados de sus padres y enviados a un centro de protección de menores. Imaginen el llanto de esos pequeños, arrancados de su nido por un sistema sordo a sus súplicas. «Mis hijos no son delincuentes, solo víctimas de un destino injusto», solloza la madre, abrazando a los más pequeños que, ajenos al horror, juegan en el salón que pronto será un recuerdo.
La plataforma Derecho al Techo ha movilizado a vecinos y activistas para una concentración de emergencia este lunes en Las Palmas, bajo el lema «¡Por un techo digno, no por la codicia!». Ya resuenan voces de indignación en redes: «Qué vergüenza de país, qué indecencia», escribe un usuario anónimo, eco de miles que ven en esta tragedia el espejo de su propia precariedad. Mientras, en el País Vasco, un desahucio similar fue suspendido por un error judicial –¡ironía cruel!–, y en otras regiones, ancianos como Milagros y José enfrentan dramas paralelos por deudas mínimas como el agua.
Esta no es solo la historia de Moisés y su clan; es el grito de alarmas de Canarias, donde la vivienda se ha convertido en un lujo inalcanzable. ¿Hasta cuándo toleraremos que fondos extranjeros especulen con nuestras vidas? La pelota está en el tejado de las autoridades: ¿suspenderán este desahucio o permitirán que seis infancias se quiebren? El reloj corre, y el corazón de Gran Canaria late con furia por justicia. ¡No mires a otro lado, esta batalla es de todos!
