Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sienta hoy en el banquillo del Tribunal Supremo acusado de revelación de secretos. El juicio, que arranca este lunes a las 10:00 horas, promete ser un terremoto político: seis jornadas intensas, 38 testigos (incluidos periodistas, fiscales y el propio novio de Isabel Díaz Ayuso) y peticiones de hasta seis años de prisión por filtrar correos confidenciales que hundieron la investigación contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. ¿Motivo? Un presunto complot para «desmentir» una fake news… que salió caro. La Fiscalía pide absolución, pero las acusaciones claman venganza política. ¡El Supremo, dividido y bajo lupa!
El arranque del juicio: Seis días de infierno judicial
El enjuiciamiento se extiende del 3 al 13 de noviembre en sesiones dobles (mañana de 10:00 a 14:00 y tarde de 15:30 a 20:00, salvo las últimas matinales). Desfilarán 38 testigos clave:
- 12 periodistas que recibieron la filtración.
- 9 agentes de la Guardia Civil (UCO), que registraron despachos y móviles en una redada histórica.
- Fiscales en un «intercambio frenético de WhatsApp» post-filtración: Julián Salto (investigador del caso), Pilar Rodríguez (jefa en Madrid, ex-imputada) y Diego Villafañe (mano derecha de García Ortiz).
- Figuras políticas: Alberto González Amador y su abogado Carlos Neira; Miguel Ángel Rodríguez (jefe de comunicación de Ayuso); Francesc Vallés (exsecretario de Estado); Pilar Sánchez Acera (ex alto cargo de Moncloa) y Juan Lobato (exportavoz PSOE Madrid).
García Ortiz declarará el 12 de noviembre, último en la lista, defendiendo su inocencia junto a sus abogados del Estado, Consuelo Castro y José Ignacio Ocio. La teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde y el fiscal Francisco Javier Montero representarán al Ministerio Público, pidiendo absolución total.
El tribunal, presidido por Andrés Martínez Arrieta, incluye a Carmen Lamela, Ana María Ferrer, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Susana Polo (ponente de la sentencia). Mayoritariamente conservador, el grupo ya mostró divisiones internas en la preparación del caso. ¡Más de 200 periodistas acreditados! El Supremo pide «profesionalidad» ante la polarización, pero las redes arden con #GarcíaOrtizBanquillo.
La bomba: ¿Filtración intencional o error fatal?
Todo estalló en marzo de 2024. Hacienda denunció a González Amador por fraude de 350.000 euros vía facturas falsas y empresas pantalla. El 2 de febrero, su abogado Neira envía un correo al fiscal Salto: «Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública«, proponiendo un pacto para multa y admisión de hechos.
El 12 de marzo, eldiario.es publica la denuncia (aún no en manos de Neira). Al día siguiente, El Mundo suelta una fake: la Fiscalía «ofreció pacto primero, pero lo retiró por orden superior». García Ortiz, furioso, pide a las 21:34 la cadena de correos a Pilar Rodríguez. A las 21:59 llegan; a las 23:25, Cadena SER filtra el mail incriminatorio de Neira, con textuales. El Supremo apunta a García Ortiz como filtrador, pese a que periodistas juran tenerlo antes.
Luego, nota de prensa del 14 de marzo (con membrete de Fiscalía Madrid, rechazada por superiores) para «aclarar». González Amador se querella, y el foco pasa de la nota a la filtración. El correo llega a Moncloa vía Sánchez Acera a Lobato, quien lo usa en la Asamblea para atacar a Ayuso – ella jura que vino de «un grupo de periodistas».
Durante la investigación, UCO registra despachos el 30 de octubre 2024: García Ortiz borra WhatsApp y mails el día de su imputación (29 enero 2025). ¡Indicios demoledores!
Penas en juego: De la gloria al abismo
- Acusaciones populares (Manos Limpias, APIF, Foro Libertad y Alternativa con Vox y Hazte Oír): 4-6 años de prisión, 12 años inhabilitación, +400.000€ multa. Alegan prevaricación + revelación, con presión a subordinados para filtrar.
- González Amador (acusación particular): Similar, por dañar su defensa.
- Fiscalía y defensa: Absolución. «No hay secreto: datos ya públicos. Fake de El Mundo obligó a desmentir». García Ortiz, con respaldo gubernamental, rechaza dimitir pese a presiones de Cuca Gamarra (PP): «Dimite para no manchar al Ministerio Fiscal».
Se ha «encerrado dos semanas» preparando, vaciando agenda pero nombrando 15 fiscales el 20 octubre.
