España acelera hacia la era del «derecho a moverse verde» con una Ley de Movilidad Sostenible que ha desatado el caos: ayuntamientos con superpoderes para multar a dueños de 4×4 y SUV por «invadir» el espacio público en Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), cierre exprés de carreteras por smog, tijeretazo a vuelos domésticos si hay tren alternativo y hasta la supresión de servicios ferroviarios en municipios «vacíos» para redirigir pasta a bicis y buses. Aprobada a trompicones en el Congreso el 8 de octubre y ya en el Senado para su sellazo final, esta bomba normativa –parte del paquete de 10.000 millones de euros europeos del Plan de Recuperación– declara la movilidad como «derecho ciudadano», pero deja a conductores, empresas y pueblos en jaque.
El núcleo del terremoto: los consistorios podrán clavar tasas por tránsito indebido en ZBE a cualquier vehículo que supere límites de emisiones, calculadas como si fuera un «aparcamiento privado» –hasta el valor de mercado del cacharro–. Imagina: tu todoterreno pagando peaje urbano por rodar por el centro de Madrid o Barcelona, inspirado en el modelo francés de París o Lyon, donde los SUV ya son parias. La norma insta a «priorizar vehículos de menor ocupación del espacio», abriendo la veda contra los «ballenatos» que devoran aceras y carriles bici. Y no para ahí: en picos de contaminación, las autoridades podrán cerrar carreteras enteras o vetar tipos de coches, un martillo neumático contra el atasco tóxico que asfixia las urbes.
En el cielo y raíles, la guillotina cae sin piedad. Vuelos domésticos al garete si hay alternativa ferroviaria en menos de 2,5 horas –salvo conexiones internacionales–, un guiño al Pacto Verde Europeo para recortar emisiones del 31% del transporte por carretera. ¿Adiós a ese Madrid-Valencia low-cost? Hola AVE subvencionado. Peor aún para la España vaciada: las comunidades podrán pedir eliminar trenes en zonas de baja densidad, usando el ahorro para «alternativas de movilidad» como shuttles o e-bikes –un tiro en el pie para pueblos ya aislados, criticado por ecologistas y sindicatos que ven en la ley un «avance justo» pero incompleto.
Las empresas, en el ojo del huracán: con 200 empleados o más, deberán pactar en convenio colectivo un Plan de Movilidad que impulse buses gratuitos, teletrabajo o ridesharing –subvencionando abonos o carsharing–. Incumplir: multa de 101 a 2.000 euros por «perjuicio al sistema». Y las gasolineras grandes, obligadas a instalar puntos de recarga eléctrica ultrarrápida (mínimo 150 kW) antes de fin de año, con mapas nacionales y señales en autovías para no perderse el enchufe.
Otras perlas: revisión exprés de las etiquetas DGT en un año, sumando CO2 y contaminantes reales a los criterios ZERO o ECO, para no maquillar diésels sucios. Un plan de renovación del parque móvil en tres meses, con incentivos para scrapear viejos y pillar Euro 6d de segunda mano o eléctricos puros. El Ministerio de Transportes lanzará un Plan Estatal de la Bicicleta, apostando por cicloturismo, intermodalidad y «estaciones seguras» para aparcar pedals. Hasta el coche compartido se regulará como negocio, para que compartir gasolina sea legal y rentable.
Aprobada con suspense –Podemos la tildó de «vacía» por chocar con expansiones aeroportuarias–, la ley crea un Sistema Nacional de Movilidad para coordinar Estado, autonomías y ayuntamientos, con datos abiertos y foco en peatones, niños a pie y carriles bici. «Un hito para la descarbonización al 2050», jura el Gobierno de Sánchez, alineado con la Agenda 2030 y fondos NextGen. Pero en la calle, revuelo: ¿impuestos ecológicos o asalto a la libertad? ¿Bicis para todos o pueblos sin tren? El Senado decide, pero el volante ya tiembla. ¿Tu SUV sobrevivirá a la purga verde?
