- En un giro que acelera la crisis parlamentaria, la militancia de Junts per Catalunya ha avalado por abrumadora mayoría la ruptura definitiva con el PSOE, dejando al Gobierno de Pedro Sánchez sin su socio clave y abocándolo a una minoría absoluta. La decisión, ratificada en una consulta exprés tras la reunión en Perpiñán, responde a «incumplimientos sistemáticos» como la no aplicación de la amnistía a Puigdemont y el bloqueo en competencias de inmigración, aunque Turull advierte de un «divorcio con roce» para evitar un colapso inmediato de la legislatura.
Junts rompe con PSOE: militancia aprueba divorcio total en votación histórica, Sánchez en minoría absoluta
La bomba ha estallado. Tras la tensa cumbre de la ejecutiva de Junts en Perpiñán el lunes —coincidiendo con el octavo aniversario de la DUI—, la militancia del partido ha votado masivamente a favor de la ruptura total con el PSOE, con un 82% de apoyo según datos preliminares filtrados desde Waterloo. Carles Puigdemont, que lideró el debate junto a Míriam Nogueras y Jordi Turull, ha calificado el pacto de Bruselas de 2023 como «un engaño histórico» que ya no da más de sí, citando la falta de avances en la amnistía, la oficialidad del catalán en la UE y el traspaso de Cercanías. «Se rompe y punto, sin vuelta atrás», ha declarado el expresidente fugado en un vídeo desde su residencia belga, donde reunió a la cúpula independentista en un clima de «desconfianza absoluta» hacia Moncloa.
La votación, abierta a unos 5.000 militantes entre el martes y miércoles, ha sido impulsada por Puigdemont para legitimar el giro y contrarrestar la erosión electoral: las encuestas recientes colocan a Junts por debajo de Aliança Catalana de Sílvia Orriols, que capitaliza el voto duro con críticas a los pactos con Madrid. Alcaldes y bases territoriales, reunidos en Bruselas la semana pasada, exigieron un «giro firme» en inmigración y seguridad para frenar la fuga de votos de cara a las municipales de 2027. «No podemos seguir psoeizados mientras el independentismo se descompone», ha sido el mantra del núcleo duro, que ve en la ruptura una «hora del cambio» para reposicionarse como alternativa radical.
En el PSOE, el mazazo se vive con estoicismo. Fuentes cercanas a Sánchez insisten en que «hay parejas que se separan y siguen compartiendo piso», aludiendo a la posibilidad de legislar en minoría con ERC y abstenciones puntuales de Junts. El Gobierno ya ha movido ficha: este martes, un acuerdo preliminar con Alemania acelera la oficialidad del catalán en Europa, y se negocia un «paquete de confianza» con mediadores suizos para desbloquear inmigración. Sin embargo, el encarcelamiento de Santos Cerdán —interlocutor clave con Turull— ha envenenado las relaciones, y el Tribunal Constitucional se erige como última esperanza: si prospera el recurso de amparo de Puigdemont contra el Supremo por malversación, «todo cambia», coinciden en las mesas bilaterales.
Tensiones internas: ¿ruptura total o vía muerta?
El debate en Perpiñán ha desnudado fracturas: el sector «duro» —Puigdemont, Nogueras y el abogado Gonzalo Boye— aboga por una oposición frontal, incluyendo el rechazo sistemático a presupuestos y posibles mociones instrumentales con el PP. «No nos preocupemos por la suerte de Sánchez; el Estado profundo ya lo ha sentenciado», ha espetado Boye en privado. En cambio, los «pragmáticos» liderados por Turull —quien forjó lazos con Cerdán durante la amnistía— defienden un «divorcio con roce»: dejar al Gobierno en «vía muerta» sin derribarlo, preservando margen para negociaciones futuras. Turull, escéptico ante el caso Koldo, cree que «aún hay tres años para que el tiempo cure las secuelas del procés», eco de las palabras de Zapatero.
La decisión final inclina la balanza hacia el endurecimiento, pero sin moción de censura inmediata: Junts pasará a la oposición dura en el Congreso, votando en contra de iniciativas clave como la financiación autonómica o la Ley contra la Multirreincidencia. «El ultimátum ha terminado; ahora toca consecuencias», ha resumido Nogueras en el hemiciclo, donde ya ha negado apoyos desde el verano.
Desde Moncloa, se ironiza con la canción del Día de las Fuerzas Armadas: «La muerte no es el final». Sánchez, que descartó elecciones anticipadas en su último Consejo de Ministros, apela a la «España moderna» frente al «nodo» independentista, urgiendo a Puigdemont a no alinearse con la ultraderecha. Analistas ven en esto un «ensayo general» para 2027: Junts busca recuperar terreno perdido, mientras el PSOE tantea un pacto reforzado con ERC y el PNV para capear la tormenta.
El impacto: ¿fin de legislatura o pacto forzado?
«Diagrama de la crisis: incumplimientos clave y escenarios post-ruptura (basado en Pacto de Bruselas).» Legal y estratégicamente, la ruptura no viola acuerdos previos, pero complica la aritmética parlamentaria: sin los 7 escaños de Junts, Sánchez depende de ERC (13) y Bildu (6), con el riesgo de saturación en votaciones complejas. En Cataluña, el desgaste mutuo acelera el auge de Aliança, que ya exige un «referéndum ya» en sus mítines. Puigdemont, que acusa al PSOE de no controlar el «Estado profundo», ve en el Supremo un «lawfare» selectivo: «Si gobernara el PP, la amnistía ya estaría aplicada».
El Gobierno contraataca con avances simbólicos, como el diálogo UE-Alemania, pero el reloj corre: informes de la UCO sobre el procés podrían dinamitar todo. En un X (antiguo Twitter) en ebullición, hashtags como #RupturaJunts y #ViaMuertaSanchez acumulan miles de menciones, con memes sobre «divorcios catalanes» y advertencias de «otoño caliente».
ERC y el PNV observan cautos: el primero exige «no regalar la legislatura a la derecha», el segundo negocia financiación en paralelo. Para Zapatero, «tres años de paciencia» bastarían; para Puigdemont, es «inasumible». Esta ruptura no es solo un divorcio: es el prólogo de una legislatura en vilo, donde el independentismo se reinventa y Sánchez baila al borde del abismo.
