La Fiscalía General del Estado de Ecuador ha acordado registrar una de las estancias en la que el fundador de Wikileaks pasó casi siete años.
El Gobierno de Lenín Moreno ha dado un paso más en su ofensiva contra Julian Assange. La Fiscalía General del Estado de Ecuador ha acordado registrar una de las estancias de la embajada de Ecuador en Londres, en la que el ciberactivista ha residido durante los últimos siete años, y entregar a EE UU todos sus documentos, teléfonos móviles y material informático.
EE UU reclama a Reino Unido la extradición de Assange. Un tribunal estadounidense pide juzgar al fundador de Wikileaks, al que acusa de un delito de intromisión informática penado con hasta cinco años de cárcel. En 2010 el portal del australiano filtró a medios de comunicación 450.000 documentos secretos de miles de comunicaciones internas de EE UU sobre las guerras de Afganistán e Irak. El activista fue detenido el pasado 11 de abril en la sede diplomática de Ecuador y entregado a las autoridades británicas.
El registro de la habitación precintada de Assange tendrá lugar el próximo día 20 en el marco de una comisión rogatoria (petición de ayuda judicial) del Departamento de Justicia de EE UU a Ecuador. La nota señala que se llevará a cabo a las nueve de la mañana, hora londinense, y que la incautación de los documentos y archivos personales del activista la efectuará el capitán de policía Diego López y el sargento segundo Milton Jaque, perito de la sección de informática forense. La decisión de intervenir todas las pertenencias de Assange ya ha sido comunicada a su abogado en Ecuador, Carlos Poveda.
Julian Assange, de 47 años, gozó de la protección y apoyo del Gobierno ecuatoriano durante la etapa del presidente Rafael Correa. Se le concedió asilo político y se le permitió refugiarse en la embajada de Ecuador en Londres tras agotar todas las instancias judiciales ante las que recurrió la decisión de ser extraditado a Suecia. La justicia de ese país le reclamaba ante las autoridades británicas para que respondiera a la acusación de dos delitos contra la libertad sexual. Además la Fiscalía sueca reabre el caso de Julian Assange por presunta violación.
El caso había sido archivado en 2017, pero la insistencia de los abogados de una de las denunciantes ha permitido reabrirlo. Assange permanece recluido en una cárcel de Londres.
La fiscalía de Suecia ha decidido reabrir el caso de violación y abusos sexuales contra Julian Assange, recién sentenciado a 50 semanas de cárcel en el Reino Unido y pendiente de extradición a Estados Unidos, donde se le reclama por undelito de «intrusión informática» en complicidad con la ex soldado Chelsea Manning.
La reapertura del proceso en Suecia puede complicar en última instancia la extradición a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, que siempre consideró las acusaciones de abusos sexuales contra él en el 2010 como una «trampa».
La insistencia de los abogados de una de sus dos acusadoras ha servido sin embargo para reabrir el caso, que fue archivado en el 2017, cuando Assange se encontraba encerrado en la embajada de Ecuardor en Londres para evitar la deportación. Su detención en abril ha servido sin embargo para «alterar las circunstancias», según ha concluido la fiscalía sueca, que puede librar a partir de ahora su propia batalla legal para intentar lograr también la extradición.
El fundador de WikiLeaks se encuentra encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Belrmarsh, al sur de Londres, donde cumplirá previsiblemente las 50 semanas de condena por violar la condiciones de su libertad condicional en el 2012, cuando se refugió en la embajada ecuatoriana y pidió el asilo político (que le fue concedido por el entonces presidente Rafael Correa).
Su detención, al cabo de casi siete años de encierro, fue posible tras el levantamiento del asilo y el acuerdo con las autoridades británicas por parte del presidente Lenín Moreno.
El proceso de extradición a Estados Unidos se inició entre tanto la semana pasada. Por videoconferencia desde la cárcel, Assange trasmitió un mensaje inequívoco: «No me rendiré». La siguiente vista judicial está fijada para el 30 de mayo y el proceso podría durar varios meses.
Su abogados temen que la justicia norteamericana presente contra él nuevos cargos, más allá del delito de «intrusión informática» contra los sistemas del Ministerio de Defensa para obtener miles de documentos sobre la guerra de Irak y de Afganistán, que conlleva inicialmente una pena de cinco años de cárcel.
