- La investigación del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid acredita que Fernando Simón suspendió un congreso religioso por riesgo de contagios tres días antes de la manifestación del día de la mujer
La investigación penal sobre la autorización de la marcha del 8-M y otras concentraciones en plena expansión del coronavirus apunta a Fernando Simón. Las diligencias de la Guardia Civil han acreditado que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad manejaba al menos tres días antes de la manifestación del Día de la Mujer datos que evidenciaban la gravedad de la crisis. Pese a ello, no tomó ninguna medida para evitar ese acto multitudinario ni otros que tuvieron lugar ese fin de semana, como un congreso político de Vox en el Palacio de Vistalegre con 9.000 cargos y afiliados y un partido de fútbol en el Wanda Metropolitano ante 60.000 espectadores.
Las pesquisas, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 51 de plaza de Castilla, también apuntalan los indicios contra el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, que está imputado en la causa por un presunto delito de prevaricación por haber permitido las aglomeraciones de esos días previos a la declaración del estado de alarma, obviando las alertas del Gobierno autonómico madrileño y de las organizaciones sanitarias europeas y mundiales. Otros altos cargos de la delegación y del ministerio pueden seguir ahora los pasos de Franco, según fuentes próximas al caso.
Las indagaciones del instituto armado atribuyen a Simón un papel decisivo en la suspensión de un congreso evangélico que iba a celebrarse en Madrid entre el 19 y 21 de marzo. El 5 de marzo, tres días antes del 8-M, responsables de esa congregación fueron convocados en el ministerio para hablar sobre un brote de covid-19 en una de sus iglesias y estudiar la anulación del congreso. En esa reunión participaron el propio ministro Salvador Illa y Simón, y ambos coincidieron en que el encuentro religioso debía suspenderse por el alto riesgo de propagación del virus.
Al día siguiente, 6 de marzo, se produjo una segunda reunión en el ministerio para abordar otra vez la necesidad de cancelar el evento. En esa segunda cita, no estuvo Illa pero repitió Simón, que facilitó datos precisos sobre el avance del SARS-Cov-2 en territorio nacional y convenció a los líderes evangélicos de que su convocatoria entrañaba una seria amenaza para la salud pública. Así lo ha acreditado Juan Carlos Escobar, pastor evangélico y máximo responsable del congreso, que participó en la reunión. Finalmente, el día 7, se anunció la suspensión del congreso por motivos sanitarios.
Los investigadores contraponen las precauciones de Simón por el acto religioso con su actitud permisiva en torno al 8-M y el resto de aglomeraciones de ese fin de semana. También recuerdan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una advertencia el 14 de febrero sobre el peligro de los actos multitudinarios y que, el 2 de marzo, el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades publicó una circular aún más contundente que desaconsejaba la autorización de aglomeraciones. La Guardia Civil reclamó hace semanas al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que dirige Simón que aporte toda la documentación sobre el covid-19 de la que disponía antes del 8-M, pero el organismo no ha contestado al requerimiento.
Las últimas averiguaciones efectuadas por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 51, Carmen Rodríguez-Medel, también comprometena José Manuel Franco, primer y único imputado en el procedimiento. La Delegación del Gobierno alegó, tras admitirse a trámite la querella contra su responsable por haber autorizado los actos de los primeros días de marzo, que no los suspendió porque no recibió ninguna alerta hasta después de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo. Sin embargo, las pesquisas han revelado que, en al menos dos ocasiones, ese organismo suspendió dos concentraciones por razones sanitarias antes de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez decretara la alarma, según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas a la investigación.
Una de ellas fue una protesta convocada por los sindicatos de Amazon el viernes 13 de marzo en San Fernando de Henares (Madrid). Los técnicos de la Delegación del Gobierno les contactaron por teléfono entre los días 10 y 11 para pedirles que la suspendieran porque podía provocar un aumento de los contagios. El organismo no dejó constancia de esas gestiones por escrito. Lo único que figura es la solicitud de cancelación de los organizadores, como si la hubieran tomado por su cuenta. Un representante de los trabajadores de Amazon ha declarado que así fue como se produjeron los hechos.
Lo mismo ocurrió un día antes. La Asociación para Personas Aptas sin Ayudas al Alquiler (Apasaa) tenía previsto concentrarse frente a la Asamblea de Madrid el día 12 de marzo para reclamar un aumento de las subvenciones al arrendamiento. Pero, unos días antes, su portavoz, Diana Chnaiker, recibió una llamada de la Delegación del Gobierno para trasladarle que debía anular la protesta por el riesgo que suponía para la salud pública. Chnaiker aceptó la petición y la desconvocó.
La acumulación de pruebas de que la delegación no esperó al 14 de marzo para suspender concentraciones por motivos sanitarios provocó que el organismo cambiara de estrategia. Admitió que el sábado 7 de marzo recibió dos avisos de la Comunidad de Madrid sobre el covid-19, pero sostiene que no los leyó hasta el lunes 9 de marzo por la mañana. Por lo pronto, el Gobierno ya ha utilizado la Abogacía del Estado para solicitar el archivo del procedimiento con el argumento de que no hay ningún indicio de delito en la actuación de Franco ni de ningún otro representante de la Administración central.
