La noticia ha sido desvelada a primera hora de esta mañana por el periodista de Libertad Digital experto en tribunales, Miguel Ángel Pérez. La autoría de la denuncia no se ha dado a conocer, pero ha causado un gran revuelo entre todas las formaciones políticas con representación parlamentaria.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han sido denunciados junto al director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria Ingesa, Alfonso Jiménez, ante la Fiscalía Anticorrupción por malversar supuestamente más de 50 millones de euros durante la crisis de la covid-19.
La denuncia, de 24 páginas, presentada el pasado jueves en Anticorrupción, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, sostiene que Pedro Sánchez, Salvador Illa y Alfonso Jiménez podrían haber cometido «presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales», durante las compras a China de batas desechables, gel desinfectante y guantes.
«El decreto del Gobierno del pasado 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico de la pandemia de covid-19, abría la puerta a malgastar, sin ningún criterio lógico, el dinero público, ya que se concedía un crédito extraordinario de 1.000.000.000 de euros, al Ministerio de Sanidad, para contribuir a la financiación de los gastos extraordinarios por la pandemia del coronavirus», afirma la denuncia.
Según el escrito, desde el 10 de marzo del presente año hasta el 17 de abril, el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Ingesa, Alfonso Jiménez Palació, contrató por Procedimiento de Emergencia hasta un total de 41 contratos. «Haciendo uso de una total opacidad incumplió la Ley de Contratos del Sector Público, al no publicar la identidad de los proveedores y ocultar la información en el Portal de Transparencia a los ciudadanos», señala.
«Detrás del incumplimiento de la Ley de Transparencia por parte del Ministerio de Sanidad», añade, «ocultando los datos de todos los contratos, estaba su ministro, Salvador Illa, jefe directo del director del INGESA. Las actuaciones presuntamente delictivas de las dos personas anteriormente citadas, principalmente en forma de un sobrecoste escandaloso de los contratos que adjudicaron a empresas radicadas en China, van a ser la norma general de actuación en la mayoría ellos. Sorprendentemente ninguna de ellas fue cesada por quien tenía la potestad de hacerlo, que no es otro que el presidente del gobierno del reino de España, Pedro Sánchez«.
Compras de batas, gel y guantes a China
Según el escrito, «mientras las empresas españolas venden al Ingesa las batas sanitarias, ya sean impermeables o desechables, en precios que oscilan entre los 0,27 y 1,86 euros; las empresas chinas nos las venden entre 15,58 y 22,07 euros. Lo anterior nos obliga a preguntarnos quienes son los intermediarios españoles en la operación y a donde va todo el dinero malgastado, con incrementos entre precios españoles y precios chinos que pueden alcanzar hasta el 8.174 %. Suponiendo el precio unitario de 1 euros el coste de cada bata china, en consonancia con los precios españoles, la malversación podría alcanzar el importe de los 47 millones de euros».
La denuncia apunta que «no se entiende demasiado que una solución desinfectante, que hasta casi todos somos capaces de fabricarla en nuestra propia casa, el Ministerio de Sanidad haya optado por comprarla en China incrementando su precio en un 354%. Si hubiera tenido el precio español el gel desinfectante adquirido en China, el Ministerio de Sanidad se hubiera ahorrado más de 730.000 euros. Cantidad que es la malversación estimada producida».
Por último, el escrito señala que «los guantes adquiridos en China son un 277% más caro que los de la empresa Medline International Iberia, un 211,76 % que los de Suministros Hospitalarios y un 244,10 % que los de Sanicen. La malversación estimada, si tomamos como referencia la media aritmética de las tres empresas españolas, cuyo valor es 0,0361 euros, sería más de 3,6 millones de euros».
«La opacidad del Gobierno es insultante»
La denuncia presentada ante el Ministerio Público afirma rotundamente que «parece muy evidente que los contratos realizados por el Ingesa fueron ocultados por el Gobierno de la nación con objeto de que no se conocieran los proveedores adjudicatarios de los mismos. Solo tras la presión mediática, día a día, solicitando el nombre de las empresas beneficiarias, doblegó la resistencia del gobierno que dispuso, a su pesar, la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado. En todo caso se ha ocultado el nombre de los intermediarios españoles que han contratado en China para el Ingesa».
«La información que se nos ha aportado», añade, «es muy deficiente, limitada y escasa. A cuentagotas. Un contrato de 50 millones de euros, entre una empresa china y el Ingesa, no puede limitarse a cuatro páginas de las que tres de ellas son las mismas y se repiten en todos los contratos. La opacidad es insultante, haciéndose desde la soberbia de quien la practica, como quien controla todos los resortes y no le preocupa cualquier acción penal o mediática que pudiera ir contra el infractor o delincuente».
«Hemos valorado la malversación producida en más de 50 millones de euros, debiéndose tener en cuenta que se ha limitado el estudio a tres productos: batas desechables, gel desinfectante y guantes de nitrilo. Nos preguntamos entonces ¿cuál es la malversación en el resto de los contratos? ¿cuál es el total que se alcanza? Nos consta que también existen irregularidades en los contratos del suministro de monos desechables y de los hisopos, pero por no haberse completado su análisis, no es expuesta la información aquí. Todo sin hablar de los 640.000 test defectuosos que adquirió el gobierno en un contrato que superó los 500 millones de euros«, concluye el escrito.
Foto portada: Libre Mercado
