- El borrador incluye una disposición final en la que se cambia la ley de CNI para poder dar entrada al vicepresidente segundo
El Gobierno ha usado el Consejo de Ministros de este martes para blindar la entrada de Pablo Iglesias en la comisión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En la disposición final segunda del borrador del Real Decreto de medidas económicas contra el coronavirus, se modifica la Ley del CNI para que el líder morado pueda formar parte del selecto grupo de personas que monitorizan y evalúan la labor de los servicios de inteligencia.
La ley establece hasta ahora que sólo puede haber un vicepresidente en la comisión: en este caso, Carmen Calvo. En el nuevo articulado, será el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que «designe» a tantos vicepresidentes como crea necesario.
El texto del decreto al que ha accedido este diario es un borrador, pero fuentes de La Moncloa confirman la modificación. Además, la referencia del Consejo de Ministros, que sí es definitiva, también incluye una modificación de las comisiones delegadas, para un pequeño matiz «burocrático»: incluir en la ley que el director del Gabinete en la comisión estará presente en las reuniones de la comisión del CNI.
Iván Redondo siempre ha formado parte de las reuniones, pero «simplemente había que recogerlo en la ley, actualizando la persona de confianza del presidente en la comisión», agregan las fuentes.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia es el órgano que controla el seguimiento de los objetivos y la información del CNI. Se encarga de proponer al presidente del Gobierno los objetivos anuales del Centro y monitorizarlos y evaluarlos después. Asimismo, vela por la coordinación de los servicios de inteligencia y los servicios de información de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, de la administración civil y militar.
La noticia de la inclusión de Iglesias causó extrañeza en el entorno de los servicios de inteligencia, ya que su ministerio, el de Derechos Sociales y Agenda 2030, no es uno de los que están involucrados en los asuntos sobre seguridad y estabilidad del Estado que se tratan en esa comisión. El vicepresidente segundo obtenía así acceso a conocer y controlar todos los secretos del Estado, al igual que el resto de miembros de la comisión.
Pero el PP, Vox y el Partido Laócrata elevaron el asunto al Tribunal Supremo. El argumento jurídico que esgrimió Vox entonces fue que el Gobierno había cometido la «torpeza» de incluir a Iglesias sin haber cambiado antes la ley que establece que ha de haber un solo vicepresidente, que en este caso es Carmen Calvo.
El Partido Laócrata sostuvo que se incluyó a Iglesias en la comisión delegada a sabiendas de que se estaba infringiendo la ley. La querella, firmada por el líder del partido, Sergio Cebolla, consideraba que tanto Sánchez como Iglesias cometieron delitos de prevaricación administrativa, uno por adoptar la decisión y otro por aceptar el nombramiento.
Con la modificación, el Ejecutivo le está dando la razón a los dos principales partidos de la oposición, finalmente, pero al menos logra frenar sus recursos. De hecho, la modificación se incluye en un real decreto (una figura que requiere urgencia).
Por eso el Ejecutivo ha decidido cambiar la ley. La disposición final segunda del decreto, y siempre según el borrador, modifica el artículo 6 de la Ley reguladora del CNI, y le da una nueva redacción a su apartado dos: «La comisión estará presidida por el Vicepresidente del Gobierno que designe su Presidente, e integrada por los Vicepresidentes designados por el Presidente del Gobierno, las Ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y de Defensa, el Ministro del Interior y la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como por el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el Secretario de Estado de Seguridad y la Secretaria de Estado Directora del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como Secretaria».
